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Ciudad de México.- El caso judicial contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, ha dado un giro significativo en los tribunales de la Ciudad de México. Una jueza de control modificó este martes la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al exfuncionario, permitiéndole abandonar el centro de reclusión para continuar su proceso penal en libertad, bajo un estricto régimen de vigilancia y restricción de movilidad.
La resolución judicial se produjo un día después de que su esposa y denunciante, María Felicia Jiménez, otorgara formalmente el perdón al imputado y manifestara ante la autoridad ministerial su intención de no dar continuidad a la acción penal.
A pesar de la concesión familiar, la legislación mexicana en materia de violencia de género estipula que este tipo de delitos deben perseguirse de oficio una vez que el presunto agresor ha sido vinculado a proceso. Por ello, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantendrá el expediente abierto, mientras que la audiencia programada para analizar una posible suspensión condicional del proceso tuvo que ser diferida debido a la ausencia justificada de la víctima.
Las nuevas restricciones y el origen de la denuncia
La excarcelación de Rodríguez Padilla no implica su exoneración. Para garantizar la seguridad de las víctimas y evitar una posible sustracción de la justicia, la jueza de la causa impuso un paquete de medidas cautelares sustitutivas que el exdirector de la petrolera estatal deberá cumplir rigurosamente:
- Control judicial: El imputado tiene la obligación de presentarse a firmar de manera mensual ante la unidad de medidas cautelares de la autoridad judicial.
- Medidas de protección: Se mantiene la prohibición absoluta de acercarse, comunicarse o ingresar al entorno físico de su esposa y de su hijo menor de edad.
- Arraigo territorial: El exfuncionario no podrá abandonar el territorio nacional y deberá permanecer de manera obligatoria en el domicilio de la Ciudad de México que aportó durante la comparecencia.
La detención de Rodríguez Padilla se registró la semana pasada tras la difusión en redes sociales de un video doméstico en el que se apreciaba al exfuncionario agrediendo físicamente a su esposa mientras ella se encontraba en el suelo. La crudeza de las imágenes y la relevancia del cargo que ocupaba el presunto agresor proyectaron el caso de inmediato a la esfera pública nacional.
Repercusiones políticas y el debate sobre la impunidad
La captura de Rodríguez Padilla ocurrió apenas un mes después de haber dejado la dirección general de Pemex, una de las posiciones más estratégicas del sector energético del país, en medio de un complejo proceso de reestructuración financiera de la paraestatal.
La administración federal reaccionó de inmediato para desmarcarse de cualquier sospecha de protección política. Tras concretarse el arresto la semana pasada, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, enfatizó que su gestión no toleraría encubrimientos.
"No vamos a proteger a nadie", sentenció la mandataria. En el mismo sentido, la Secretaría de las Mujeres emitió un pronunciamiento señalando que el caso representaba un mensaje contundente de "cero impunidad" para cualquier agresor, sin importar su jerarquía o pasado en el servicio público.
El desarrollo de este proceso reaviva en México la discusión sobre las barreras sistémicas que enfrentan las víctimas de violencia familiar, donde los desistimientos o perdones legales suelen ocurrir bajo contextos de presión social o económica, y pone a prueba el compromiso de las instituciones para sostener las investigaciones de oficio en casos que involucran a figuras de alto perfil político.
