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Ciudad de México.- El Poder Judicial de la Federación ha puesto punto final a una disputa legal de 11 años entre el abogado Paulo Díez Gargari y el Estado mexicano. El pasado 8 de abril, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dictaminó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe reparar integralmente el daño causado por una detención arbitraria ocurrida en septiembre de 2015.
Lo que hay que seguir:
- Fallo inapelable: El Sexto Tribunal Colegiado confirma que el Estado es responsable de daños materiales y morales tras un operativo irregular en 2015.
- Costo de defensa: La sentencia obliga a la FGR a indemnizar al litigante por los gastos económicos derivados de una detención ilegal.
- Seguridad jurídica: La resolución establece un nexo causal directo entre la actuación de agentes federales y el perjuicio patrimonial de un particular.
El caso, que escaló hasta instancias internacionales como la ONU y la CNDH, se originó cuando agentes de la entonces PGR simularon un operativo para presentar a Díez Gargari —representante legal de Infraiber— ante el Ministerio Público, tras una denuncia de la constructora Aleatica (antes OHL).
El costo de la "mala praxis" oficial
La magistrada federal Ximena Jiménez García subrayó en su ponencia que existe un "nexo causal" indiscutible entre las irregularidades del operativo y el daño sufrido por la víctima. La sentencia reconoce que la siembra de evidencia (un arma de fuego) y el choque provocado al vehículo del litigante no solo violaron derechos fundamentales, sino que generaron una carga económica injustificada por conceptos de defensa legal y pérdida de ingresos.
Este fallo es significativo para los mercados y el entorno corporativo, ya que refuerza la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, un mecanismo que permite a los ciudadanos exigir pagos compensatorios cuando la administración pública actúa de forma irregular o negligente.
Precedente contra la fabricación de delitos
Aunque en la vía penal los agentes involucrados fueron procesados en libertad —debido a que la legislación local no considera la fabricación de pruebas como un delito grave—, la vía administrativa ha resultado ser el canal de rendición de cuentas más efectivo en este caso.
La resolución del Tribunal es definitiva e inapelable, obligando a la Hacienda pública a desembolsar los recursos para la indemnización, en un momento donde el sistema judicial mexicano se encuentra bajo un intenso escrutinio internacional por su autonomía y eficacia.
