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La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, confirmó que el país ha cerrado su espacio aéreo a los aviones de Estados Unidos que participen en acciones bélicas en Irán. Esta medida representa un endurecimiento en la postura de Madrid frente a la estrategia militar de la administración de Donald Trump y su alianza con Israel en Oriente Medio.
Restricción total en bases y corredores aéreos
La prohibición no se limita únicamente al sobrevuelo de territorio español, sino que ratifica la negativa previa de utilizar las bases militares de Rota y Morón, operadas conjuntamente por ambos países. Según Robles, la lógica de soberanía aplicada a las instalaciones terrestres se extiende ahora de forma "clarísima" al espacio aéreo.
La funcionaria subrayó que las fuerzas armadas estadounidenses ya han sido notificadas de que no cuentan con autorización para realizar actuaciones relacionadas con el conflicto iraní desde suelo o cielo español. Esta decisión sitúa a España como el miembro de la Unión Europea con la oposición más vocal hacia las intervenciones militares en la región.
Represalias comerciales y fractura con Washington
La determinación del Ejecutivo español ha provocado una respuesta inmediata desde la Casa Blanca. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con recortar el comercio con Madrid como represalia por el bloqueo de las bases estratégicas en el sur de España, fundamentales para la logística del Pentágono en el Mediterráneo.
Pese a las advertencias económicas, el presidente Pedro Sánchez ha mantenido una narrativa de confrontación hacia lo que denomina acciones "temerarias" en Oriente Medio. Esta postura se suma a sus críticas constantes hacia las operaciones de Israel en Gaza, consolidando una política exterior que prioriza el desmarque de las ofensivas militares lideradas por Estados Unidos.
Un precedente en la alianza transatlántica
El cierre del espacio aéreo, reportado inicialmente por fuentes militares al diario El País, marca un punto de inflexión en la relación bilateral de defensa. Al calificar la guerra como "profundamente ilegal", el Gobierno de España pone en pausa la cooperación automática que tradicionalmente define a los aliados de la OTAN, priorizando el cumplimiento de su propia línea ética y política sobre los compromisos de despliegue rápido de Washington.
