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Ciudad de México.- El Gobierno de México ha decidido romper con décadas de pasividad burocrática frente a los abusos cometidos contra sus ciudadanos en territorio estadounidense.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la formalización de 17 denuncias penales ante el Departamento de Justicia y fiscalías estatales de Estados Unidos por la muerte, en condiciones sumamente opacas, de igual número de connacionales durante operativos o dentro de centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
"No podemos solamente seguir con notas diplomáticas que no han dado resultados", sentenció la mandataria federal, marcando una clara distancia con las tibias respuestas de administraciones anteriores. El detonante de esta ofensiva legal fue el caso de Lorenzo Salgado, un ciudadano mexicano que, en palabras del propio gobierno, fue prácticamente "ultimado" por personal de control migratorio en Houston, un hecho que desató protestas e indignación incluso entre las propias autoridades locales tejanas.
Sin miedo a la Casa Blanca de Donald Trump
Ante las inevitables preguntas sobre si este choque judicial tensará los lazos con la administración de Donald Trump, Sheinbaum Pardo fue tajante al asegurar que la defensa de los derechos humanos no es negociable por conveniencia política:
- Sin temor a represalias: "Tampoco se puede, como gobierno, guardar silencio por temor a que haya algún problema en la relación con el gobierno del presidente Donald Trump", advirtió la jefa del Ejecutivo.
- Exigencia de claridad: La demanda exige una investigación imparcial y forense que explique detalladamente el fallecimiento de los 14 mexicanos que perdieron la vida en celdas migratorias (muchas veces catalogados dudosamente como "suicidios") y los tres que murieron en operativos de captura.
- Llamado a la ONU: En paralelo a la vía penal estadounidense, la Cancillería mexicana, liderada por Roberto Velasco, solicitará formalmente la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El canciller notifica a la Embajada: "Vamos con todo"
El secretario de Relaciones Exteriores ya comunicó de manera directa al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, que el gobierno mexicano no dará marcha atrás en los litigios. Aunque el diplomático estadounidense se mostró receptivo a las preocupaciones, la maquinaria jurídica mexicana ya está en marcha.
Un llamado a cerrar filas en el Congreso
Sheinbaum hizo un enérgico llamado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y a todos los partidos políticos de oposición para dejar a un lado las diferencias domésticas y cerrar filas en torno a esta exigencia de justicia. "Es una obligación de cualquier gobierno defender a sus connacionales en el exterior. Imagínense si fuéramos omisos", concluyó la presidenta, dejando claro que, en la defensa de la vida de los migrantes, el silencio ya no es una opción para México.
