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México.- El tablero bilateral se tensó nuevamente tras la revelación de un medio estadounidense que asegura que autoridades de ese país mantienen investigaciones activas contra dos mandatarios estatales mexicanos por presuntos vínculos con redes criminales.
Escala la presión bilateral
El reporte periodístico apunta a Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y a Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, como parte de un nuevo enfoque de la política estadounidense que ya no se concentra únicamente en los líderes del narcotráfico, sino también en figuras públicas que habrían permitido o facilitado sus operaciones.
Investigaciones que alcanzan a gobernadores
La información llega en un contexto ya cargado, luego de que semanas atrás se difundieran acusaciones desde instancias judiciales estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien se le atribuyeron presuntos nexos con actividades del Cártel de Sinaloa relacionadas con el tráfico de distintas drogas hacia Estados Unidos. El caso detonó fricciones diplomáticas y abrió un frente de confrontación política.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado ese tipo de señalamientos, al considerar que existen motivaciones políticas detrás de las acusaciones y advirtiendo sobre posibles intentos de incidir en el clima electoral rumbo a los próximos procesos en México.
En el nuevo reporte, se sostiene que las investigaciones contra Durazo y Villarreal no se limitarían al terreno judicial, sino que también habrían derivado en medidas administrativas como restricciones migratorias. En el caso del mandatario sonorense, se menciona la posible revocación de su visa estadounidense y su ingreso ocasional al país vecino bajo permisos especiales vinculados a temas médicos.
El giro de Washington
Sobre el gobernador tamaulipeco, el señalamiento gira en torno a presuntas redes de contrabando de combustible entre ambos países, un fenómeno conocido como huachicol transfronterizo.
Villarreal ha negado de forma reiterada cualquier vínculo con actividades ilegales y ha calificado las versiones como infundadas.
El trasfondo del reporte también apunta a un cambio de estrategia en Washington.
De acuerdo con la reconstrucción periodística, la actual administración estadounidense estaría ampliando el alcance de sus acciones antidrogas hacia actores políticos y funcionarios, bajo la premisa de que el crimen organizado no opera de forma aislada, sino con complicidades institucionales.
En México, el impacto potencial de estas revelaciones no se limita al terreno diplomático. Analistas advierten que el tema podría permear en la arena electoral, especialmente para el partido en el poder, en un momento en el que se perfilan disputas clave por gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados en 2027.
