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Ciudad de México.— En medio de una crisis de sobreoferta de azúcar y el desplome de los precios internacionales, el gobierno federal anunció un cambio radical en el esquema de impuestos a la importación del endulzante, con el objetivo de proteger a la industria nacional frente al ingreso de producto extranjero a bajo costo y bajo esquemas irregulares.
A partir de este martes, las importaciones de azúcar en grano, remolacha o jarabe pagarán un arancel del 156 por ciento, mientras que el gravamen será de 210.44 por ciento para el azúcar líquida, refinada o invertida, según lo publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
El nuevo esquema sustituye el impuesto fijo de 360 dólares por tonelada que se aplicaba desde 1994 y que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, “ya no ofrecía protección suficiente a la agroindustria nacional ante la caída de los precios internacionales”.
Contrabando y triangulación
El incremento ocurre en un contexto de entrada creciente de azúcar extranjera bajo esquemas de evasión fiscal, especialmente desde Brasil, Guatemala e India.
Autoridades y representantes del sector han detectado que parte del endulzante ingresa al país simulando ser mezclas alimenticias o productos procesados, para evadir el pago de aranceles.
En el caso de Guatemala, por ejemplo, se han identificado importaciones declaradas como “mezclas alimenticias” que en realidad son azúcar pura, mientras que desde India se reporta la práctica de “contrabando técnico”, mediante subvaluación o cambio de fracción arancelaria para reducir el monto del impuesto.
Fuentes de la industria azucarera afirmaron que el nuevo arancel “se cobrará directamente sobre el precio del endulzante”, lo que podría inhibir nuevas importaciones y dar un respiro temporal a los productores nacionales, especialmente a los ingenios del centro y sureste del país.
Una medida “correcta pero insuficiente”
Pese al endurecimiento arancelario, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) consideró que la medida, aunque necesaria, no basta para estabilizar el mercado interno.
“El aumento del arancel al azúcar es una medida correcta pero insuficiente para equilibrar el mercado”, señaló el organismo en un comunicado.
El GCMA advirtió que sin medidas adicionales, el impacto del ajuste “será limitado”, y propuso una estrategia más amplia que incluya:
· Combatir el contrabando y la subvaluación, incluyendo la importación mediante fracciones arancelarias distintas.
· Negociar con Estados Unidos la ampliación de la cuota de importación de azúcar mexicana, actualmente restringida por los acuerdos bilaterales.
· Establecer un esquema de reciprocidad comercial con relación al volumen de jarabe de maíz de alta fructosa que entra al país, uno de los principales sustitutos del azúcar nacional.
· Garantizar que el alza de aranceles no se traslade al consumidor final, para evitar un incremento en los precios domésticos.
“El ajuste arancelario es un paso en la dirección correcta, pero sin control al contrabando, equidad en el comercio con Estados Unidos y disciplina en los precios internos, el impacto será limitado”, subrayó el GCMA.
Entre la protección y la distorsión
México es el séptimo productor mundial de azúcar y genera más de 6 millones de toneladas anuales, aunque el consumo interno ronda los 4.3 millones, lo que ha provocado excedentes que presionan los precios domésticos y amenazan la rentabilidad de los ingenios.
Con los nuevos aranceles, el gobierno busca cerrar el paso a las importaciones ilegales y estabilizar el mercado interno, aunque analistas advierten que el riesgo de distorsiones comerciales persiste si no se fortalecen los mecanismos de supervisión aduanera y control fiscal.
“Mientras existan brechas en la frontera y en la clasificación arancelaria, los incentivos para el contrabando seguirán vigentes”, apuntó un exfuncionario de Economía consultado. “Los aranceles altos ayudan a contener el daño, pero no sustituyen la vigilancia efectiva ni la negociación comercial”.
En los próximos meses, el impacto del nuevo esquema arancelario será clave para definir si el gobierno logra contener el flujo irregular del endulzante o si la medida se convierte en una barrera temporal con efectos inflacionarios en el mercado interno.
