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Ciudad de México.— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que no existe responsabilidad institucional ni participación militar directa en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014. La determinación quedó plasmada en la Recomendación 208VG/2026, un documento de más de 860 páginas que ya generó críticas y una respuesta pública del exsubsecretario Alejandro Encinas.
El organismo reconoció que hubo 92 víctimas de violaciones graves a derechos humanos, entre ellas desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. También señaló que existen 20 elementos militares sujetos a proceso penal, aunque únicamente por actos de omisión individual.
Recomendación de la CNDH descarta responsabilidad institucional de Sedena
Uno de los puntos más cuestionados es que la recomendación no fue dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a que sí fue notificada a otras 22 autoridades. Además, la CNDH cuestionó los informes elaborados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), al considerar que impulsaron una narrativa sobre una presunta responsabilidad militar.
El documento también descarta que el normalista Julio César López Patolzin fuera un infiltrado o informante del Ejército y sostiene que su presencia en la Normal Rural pudo estar amparada por una disposición que permite a militares cursar estudios.
Encinas difunde archivos de Sedena; organizaciones cuestionan el documento
Tras la publicación de la recomendación, Alejandro Encinas, quien encabezó la Covaj entre 2018 y 2023 y actualmente es embajador de México ante la OEA, difundió en la red social X documentos oficiales de la Sedena que, según afirmó, muestran que López Patolzin realizaba funciones como Órgano de Búsqueda de Información dentro de la Normal Rural.
Los archivos refieren trámites de inscripción realizados en junio de 2014 con fines de inteligencia militar, un reporte de actividades el 26 de septiembre de ese año y contactos esporádicos con mandos superiores.
La recomendación también recibió críticas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de Isidoro Vicario, abogado de las familias de los normalistas, quien afirmó que la CNDH no consultó previamente a los padres antes de emitir el documento y consideró que no aporta nuevos elementos para esclarecer el paradero de los estudiantes. Hasta ahora, la Sedena no ha emitido un posicionamiento adicional sobre los documentos difundidos por Encinas.
