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Guerrero.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guerrero, Araceli Ocampo Manzanares, justificó la actuación de agentes de seguridad que realizaron un operativo armado afuera del recinto legislativo, durante el cual ella misma fue encañonada, y descartó presentar alguna queja pese a reconocer que el hecho generó temor entre su equipo de trabajo.
El despliegue derivó en la detención del abogado Daniel Rosas Martínez, representante legal de comisarios de Tierra Colorada y comunidades de Acapulco, quien acudió al Congreso acompañado de otras personas para entregar un oficio en la Oficialía de Partes.
En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Urióstegui García, deslindó al Poder Legislativo de cualquier responsabilidad en los hechos y sostuvo que la captura obedeció a una orden judicial ejecutada por elementos de la Fiscalía General del Estado al exterior del inmueble.
Ocampo Manzanares afirmó que su presencia en el lugar fue circunstancial, ya que coincidió con el operativo al salir del edificio.
Relató que en ese momento ella y su equipo sintieron preocupación por la seguridad, pero calificó como “entendible” el actuar de los agentes al señalar que respondía a protocolos vinculados con la estrategia de seguridad federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Pese a presidir la comisión encargada de vigilar el respeto a los derechos humanos en el Congreso local, la diputada descartó promover denuncias o acciones institucionales para revisar la actuación de los elementos armados.
Aunque reconoció que podrían existir “algunas consideraciones” en la materia, reiteró que el incidente quedó en un “susto”.
Asimismo, rechazó versiones difundidas en redes sociales y medios de comunicación que la vinculaban con la detención del abogado, subrayando que no tuvo relación con el operativo ni con el detenido.
Por su parte, Urióstegui García reiteró el respaldo de la bancada morenista a las instituciones de seguridad y afirmó que ningún diputado o funcionario legislativo tuvo intervención en la detención, insistiendo en que el operativo fue completamente ajeno al Congreso.
