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Chilpancingo, Guerrero.— La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Guerrero discutió a puerta cerrada el escándalo de los cheques presuntamente falsificados y acordó dejar las investigaciones en manos de su propio Órgano Interno de Control, una decisión que despierta sospechas sobre un posible intento de dar carpetazo a un caso de corrupción que involucra recursos públicos.
La reunión se realizó este jueves en el hotel Holiday Inn de Chilpancingo, donde durante cuatro horas los legisladores abordaron el asunto sin permitir el acceso de personas ajenas al encuentro, incluida una fotoperiodista que previamente había recibido autorización para ingresar, según documentó el periódico El Sur.
Al término de la plenaria, el diputado Carlos Eduardo Bello Solano informó que exigieron conocer los avances de las investigaciones, mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Joaquín Badillo Escamilla, confirmó que el procedimiento está en manos del Órgano Interno de Control.
La decisión plantea un cuestionamiento inevitable: ¿qué garantías de independencia ofrece una investigación realizada dentro de la misma institución donde ocurrieron las presuntas irregularidades? Aunque el órgano tiene facultades para investigar responsabilidades administrativas, su intervención no sustituye las investigaciones penales de la Fiscalía. El Congreso no debería convertirse en juez y parte de un escándalo que compromete sus propios recursos financieros.
Ofrecen hasta dos millones para frenar denuncias
La controversia adquiere mayor gravedad ante la revelación de un diputado del Congreso de Guerrero, cuya identidad se mantiene bajo reserva, quien señaló que existen presuntos ofrecimientos de entre uno y dos millones de pesos a legisladores para evitar que presenten denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
Aunque esta versión no ha sido corroborada, el señalamiento amerita una investigación, pues de confirmarse podría revelar un intento de obstaculizar el esclarecimiento de los hechos mediante negociaciones económicas.
El escándalo ocurrió durante la presidencia de Jesús Urióstegui García al frente de la Jucopo, quien, por cierto, estuvo ausente de la reunión en la que sus compañeros abordaron el caso.
Sin embargo, fuentes internas sostienen que las irregularidades financieras podrían tener antecedentes en legislaturas anteriores, particularmente durante las gestiones de Yoloczin Domínguez Serna y Citlali Calixto Jiménez, cuyos ejercicios presupuestales han enfrentado observaciones y cuestionamientos sobre su fiscalización.
Un antecedente es la reciente sanción administrativa contra Andrés Rosendo Orozco Pintos, exsecretario de Servicios Financieros y Administrativos durante la gestión de Yoloczin Domínguez, a quien el propio Órgano Interno de Control encontró responsable de omisiones en la supervisión de pagos realizados en 2023.
Este antecedente, aunque corresponde a un procedimiento distinto, obliga a preguntarse si las fallas en el control de los recursos públicos son hechos aislados o parte de un problema administrativo que se ha prolongado durante varias legislaturas.
¿Dónde quedan los principios de la Cuarta Transformación?
La diputada Citlali Calixto aseguró que durante la reunión se exigió transparencia y que no se encubra a nadie. Pero ¿qué confianza puede generar una reunión a puerta cerrada para discutir el manejo de recursos que pertenecen al pueblo y dicho por una diputada que tiene observaciones pendientes por solventar?
Hace apenas unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró a los coordinadores y coordinadoras de la Defensa de la Cuarta Transformación los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
¿Dónde quedan esos principios si las investigaciones terminan sujetas a acuerdos internos y no se garantiza el esclarecimiento público de las irregularidades? ¿No sería una traición a la confianza ciudadana permitir que un posible acto de corrupción se diluya entre negociaciones políticas?
Estas prácticas de opacidad recuerdan los mecanismos de protección entre integrantes de un mismo partido que durante décadas caracterizaron al viejo régimen priista, cuando los acuerdos políticos podían imponerse sobre la rendición de cuentas.
Precisamente contra esas prácticas Morena construyó buena parte de su discurso de transformación.
Hoy, el Congreso de Guerrero tiene la obligación de transparentar el destino de los recursos, esclarecer quién autorizó y cobró los cheques presuntamente falsificados y garantizar que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, sin importar nombres ni posiciones políticas.
Porque si el escándalo termina resolviéndose en lo oscurito, Morena estaría reproduciendo desde el poder las mismas prácticas de corrupción y encubrimiento que prometió erradicar.
