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El delegado federal de Programas para el Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, reconoció que el personal técnico del programa Sembrando Vida cuenta con menos herramientas que en etapas previas, debido a la política de austeridad implementada por el Gobierno de México. El funcionario defendió, no obstante, que los recursos se privilegian para los beneficiarios y sostuvo que los programas sociales tienen como objetivo atender las causas de la violencia en regiones marginadas.
La declaración ocurrió luego de que circulara en redes sociales una carta atribuida a trabajadores del programa, en la que se denuncian condiciones laborales precarias y el envío de brigadistas a comunidades apartadas y con riesgo de violencia, como en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero. Entre las acusaciones se incluyen traslados de hasta 12 horas sin viáticos, jornadas nocturnas obligatorias y la asignación de tareas fuera de sus funciones originales.
La denuncia coincidió con un ataque ocurrido en el municipio de Ayutla de los Libres, en la región Costa Chica, donde ocho integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fueron asesinados la noche del 16 de agosto en una emboscada atribuida a disputas entre grupos criminales. La carta de los técnicos señala que personal del programa fue enviado a esa misma zona, sin garantías mínimas de seguridad ni apoyos para realizar su labor.
Consultado sobre estos señalamientos, Hernández admitió que el personal enfrenta mayores exigencias debido a la ampliación del programa instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Argumentó que la naturaleza de Sembrando Vida es atender localidades alejadas y con altos niveles de marginación, lo que implica traslados prolongados y trabajo en condiciones adversas. “El espíritu del programa es llegar a las zonas distantes, no a las colonias céntricas de Acapulco, Chilpancingo o Iguala. Sabemos que el trabajo es más intenso en estas semanas, pero pedimos a los compañeros que nos ayuden a garantizar que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan”, declaró.
Respecto a las quejas sobre inseguridad, el delegado señaló que hasta la fecha no se han registrado incidentes directos contra el personal. Subrayó que la Secretaría de Bienestar se mantiene al margen de los conflictos armados y reiteró que los programas sociales buscan atender desigualdades que alimentan la violencia.
Sin embargo, los técnicos firmantes de la carta difundida sostienen lo contrario. Aseguran que han sido enviados a comunidades en conflicto, obligados a caminar entre cuatro y cinco horas diarias por caminos peligrosos y presionados para ingresar datos en tiempo récord. También denuncian que se les exige trabajar de noche y cubrir hasta siete parcelas diarias para cumplir con los tiempos de incorporación.
El escrito advierte que la falta de contratación de nuevo personal ha incrementado la carga de trabajo para los técnicos activos, obligándolos a realizar funciones administrativas y de campo que no les corresponden. Los denunciantes piden condiciones laborales básicas: contratación del personal faltante, entrega de viáticos, jornadas de trabajo humanas y una planeación adecuada de las actividades.
Cuestionado sobre las limitaciones materiales, Hernández reconoció que, en comparación con otros periodos, los trabajadores cuentan con menos vehículos y herramientas. Explicó que la austeridad implementada desde 2018 busca que la mayor parte de los recursos se dirija directamente a los beneficiarios. “Quizás antes había más vehículos, pero hoy se administra de manera cuidadosa para que la mayor parte de los recursos llegue a los ciudadanos”, dijo.
En cuanto a los señalamientos sobre retrasos de pago o condiciones inestables, el funcionario atribuyó las dificultades a ajustes administrativos dictados por la Secretaría de Hacienda, más que a problemas financieros. “Estamos en un proceso de adaptación a nuevos mecanismos administrativos, pero buscamos garantizar que los compañeros tengan las condiciones necesarias para realizar su labor”, agregó.
La denuncia de los técnicos de Sembrando Vida ocurre en un contexto de creciente violencia en Guerrero. Solo en el último año, al menos tres ataques armados han dejado decenas de integrantes de la UPOEG asesinados en el corredor que conecta la región Centro con la Costa Chica. El gobierno estatal ha atribuido estos hechos a disputas entre los grupos delictivos conocidos como Los Ardillos y Los Rusos, quienes se disputan territorios para el trasiego de droga.
Sembrando Vida es uno de los programas prioritarios de la administración federal y tiene como objetivo apoyar a campesinos mediante la siembra de árboles frutales y maderables en sus parcelas, además de fomentar el empleo rural. En Guerrero, el programa opera desde 2019 y actualmente se encuentra en un proceso de ampliación.
