Table of Contents
México.- Bajo la narrativa de la "modernización estratégica", la Secretaría de Marina (Semar) ha ejecutado el movimiento final para desplazar definitivamente a los profesionales civiles de la administración portuaria mexicana.
Con la creación de la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, la institución armada no solo vigila las costas, sino que se apodera de la llave del comercio exterior, eliminando los contrapesos que históricamente separaban la seguridad nacional de la actividad económica.
La captura total: De la vigilancia a la regulación
El Almirante Raymundo Pedro Morales ha calificado este traspaso como un "punto de inflexión". Sin embargo, desde una perspectiva crítica, este cambio representa la claudicación del Estado civil ante la bota militar. Al concentrar la Autoridad Marítima Nacional y la política portuaria bajo una sola línea de mando militar, se rompe el principio de especialización técnica que requiere la Marina Mercante.
Ahora, los mismos mandos que operan el combate al crimen organizado son quienes regulan el registro de barcos, las concesiones portuarias y las leyes de navegación. Esta duplicidad de funciones convierte a la Semar en juez y parte, eliminando cualquier posibilidad de auditoría externa o gestión ciudadana en áreas que son, por naturaleza, comerciales.
Un "Super-Estado" Naval con ojos en todo
La nueva estructura no se conforma con el control físico de los muelles. La creación de la Jefatura de Operaciones Navales —que sustituye al Estado Mayor— expande los tentáculos militares hacia áreas críticas de la vida civil:
- Inteligencia Artificial y Ciberseguridad: La Marina incorpora estas secciones para monitorear el flujo de información y tecnología, ampliando su capacidad de vigilancia bajo un manto de opacidad propio de la seguridad nacional.
- Legislación a modo: La creación de una sección de "Leyes y Reglamentos" dentro de una estructura operativa sugiere que la institución busca diseñar su propio marco legal para blindar sus acciones de posibles amparos o controversias civiles.
El fin de la Marina Mercante como entidad técnica
La designación del Almirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán —un hombre formado en la inspección y contraloría naval— como subsecretario del ramo, confirma que la Marina Mercante ha dejado de ser vista como una industria de transporte para ser tratada como un objetivo de control disciplinario.
El "Poder Naval de la Federación" que hoy presume la Semar se levanta sobre las ruinas de las instituciones civiles que, hasta hace poco, garantizaban que el comercio marítimo fuera un motor económico y no solo un despliegue de fuerza. En este nuevo orden, México se aleja de los estándares internacionales de gobernanza civil para abrazar un modelo donde el uniforme militar es el único requisito para administrar la riqueza de los mares.
