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Ciudad de México.- En un acto que combinó triunfalismo y estadísticas a la carta, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el salario mínimo general aumentará 13% en 2026, para ubicarse en 315.04 pesos diarios —9,582.47 pesos al mes—. El anuncio, presentado como una muestra del “consenso” entre gobierno, empresarios y trabajadores, llega en un contexto donde el poder adquisitivo sigue tensionado por el alza persistente en alimentos y servicios, pese a que la mandataria aseguró que el incremento “no impacta en la inflación”.
Desde el podio de las mañaneras, Sheinbaum y su secretario del Trabajo, Marath Bolaños, reiteraron la narrativa de que México vive una recuperación histórica del salario real. Bolaños (quien gana casi 150 mil pesos mensuales) presumió que el ingreso mínimo ha crecido “por arriba de la inflación” y que la meta constitucional de alcanzar el equivalente a 2.5 canastas básicas está “cada vez más cerca”. Por lo pronto, en la frontera norte —donde el aumento será de solo 5%— el gobierno asegura haber alcanzado ese objetivo.
Las cifras oficiales hablan de récords: un poder adquisitivo supuestamente recuperado en más de 150% durante la llamada “transformación”, niveles no vistos desde 1980 y, en la frontera, incluso superiores a 1976. Sin embargo, la euforia gubernamental omite algunos detalles: el salario mínimo, incluso con el aumento, apenas cubre una parte de la canasta básica alimentaria ampliada; el costo de productos esenciales varía significativamente por región, y la inflación acumulada en alimentos ha crecido muy por encima de la general en los últimos años.
Aun así, la narrativa de abundancia se mantuvo. Bolaños ejemplificó que ahora el salario permitirá comprar “7.1 kilos de frijol, 6.5 de huevo y 14.8 de tortilla”, una aritmética que difícilmente alivia el bolsillo de millones de familias cuyos gastos incluyen transporte, renta, energía y cuidados.
Mientras tanto, Francisco Cervantes, representante empresarial, celebró la negociación tripartita y destacó —sin demasiados matices— que los aumentos sostienen la “estabilidad productiva” y el respeto al Estado de derecho. Pero los acuerdos, aunque políticamente rentables, no resuelven la gran contradicción de fondo: un salario que crece en papel, mientras la vida cotidiana se mantiene cuesta arriba.
Con este nuevo incremento, el gobierno busca consolidar la narrativa de mejora salarial estructural. La realidad social, en cambio, seguirá midiendo el resultado no en porcentajes, sino en la mesa diaria.
