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Ciudad de México.- Llegar a casa, encender el interruptor y tener luz es un acto cotidiano para la mayoría, pero para casi 740 mil personas en México sigue siendo un lujo inalcanzable. El Gobierno Federal anunció un agresivo plan nacional que busca cambiar esto para el año 2028, bajo la bandera de la "justicia energética": convertir la electricidad en un derecho humano y dejar de tratarla como una mercancía.
¿Cómo planean iluminar a los olvidados?
La estrategia presentada por la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contempla la ejecución de más de 45 mil obras de electrificación en lo que resta del sexenio. La meta es pasar del 99.85% de cobertura actual al 99.99%.
Para lograrlo, el gobierno invertirá 21 mil 377 millones de pesos, apuntando principalmente a dos realidades completamente distintas:
- Pueblos originarios y zonas rurales aisladas: En regiones de difícil acceso como la Sierra Tarahumara o las comunidades del pueblo Seri en Sonora, donde extender el cableado tradicional es casi imposible, la apuesta fuerte será la instalación de sistemas de paneles solares (fotovoltaicos).
- Asentamientos urbanos irregulares: En las periferias de las grandes ciudades se buscará la regularización territorial de la mano de la instalación de medidores formales, sustituyendo las peligrosas conexiones clandestinas (o "diablitos").
El reto de las 8 mil localidades que siguen viviendo a oscuras
Aunque las cifras oficiales presumen que la administración actual ya supera las obras realizadas en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto juntos, el verdadero desafío está en los detalles. Todavía quedan 8 mil 247 localidades en el país completamente desconectadas de la red eléctrica.
La directora de la CFE, Emilia Esther Calleja, detalló que tan solo para este año se concluirán casi mil obras prioritarias en estados como Sinaloa, Michoacán y Chihuahua. El éxito de este ambicioso plan dependerá de la velocidad con la que la CFE pueda sortear la compleja geografía del centro y sur del país, demostrando si la "justicia energética" es una realidad alcanzable o una meta estadística.
