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México.- Tras meses de silencio institucional, los casos de tres mujeres pertenecientes a la Guardia Nacional fallecidas en Guerrero llegaron finalmente a la agenda nacional. Según consigna El País, el tema fue introducido en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum gracias a una pregunta directa de la reportera del medio local Bajo Palabra.mx, quien cuestionó la falta de avances en las investigaciones de Stephany Carmona, Dalila Acosta y Sherline Anabel Rosario.
Ante la exposición de estos nombres, Sheinbaum se comprometió a que no habrá impunidad y anunció una revisión de los protocolos internos de la Sedena y la Marina para atender la violencia de género y el acoso dentro de las Fuerzas Armadas.
Puntos críticos señalados tras la denuncia
El seguimiento informativo realizado por El País destaca las graves inconsistencias que rodean estos fallecimientos en Acapulco y Coyuca de Benítez:
Omisión ante el acoso: En el caso de Stephany Carmona (19 años), se reveló que la joven había denunciado previamente a un sargento por acoso sexual. Su muerte, ocurrida por supuestos disparos accidentales, se dio sin que se activaran medidas de protección efectivas.
Apagones y cámaras inactivas: Un factor común que alimenta la desconfianza es la ausencia de registros de video. En los incidentes de Stephany y Dalila Acosta, las versiones oficiales atribuyeron la falta de imágenes a fallas técnicas o cortes de energía eléctrica en las instalaciones militares.
Contradicciones forenses: La familia de Dalila Acosta rechaza tajantemente la tesis de suicidio manejada inicialmente. Señalan que el cuerpo presentaba huellas de violencia física y marcas de arrastre que no coinciden con la narrativa institucional.
Un desafío para la administración actual
A pesar de la apertura mostrada por la presidenta, la Sedena ha optado por no compartir información pública adicional hasta el momento. Como reporta El País, el contraste entre las promesas de justicia en Palacio Nacional y el hermetismo de los expedientes pone de relieve la vulnerabilidad de las mujeres dentro de las instituciones de seguridad.
La intervención de la prensa local no solo llevó estos nombres al debate público, sino que obligó al Gobierno Federal a reconocer una crisis de opacidad que las familias de las víctimas llevan meses denunciando.
