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La organización criminal conocida como La Nueva Familia Michoacana ha establecido un sistema paralelo de control económico en al menos 26 municipios del sur del Estado de México, imponiendo precios, acaparando productos y restringiendo el libre comercio en sectores estratégicos, de acuerdo con un reportaje publicado por la revista Proceso.
El esquema criminal ha afectado rubros clave como materiales de construcción, productos alimentarios básicos y servicios logísticos. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los sobreprecios alcanzan hasta 144% en productos como el alambrón, y hasta 375% en alimentos como el retazo de pollo.
Las distorsiones de precios afectan la vida cotidiana de miles de habitantes, quienes se ven obligados a adquirir bienes bajo condiciones coercitivas, en un fenómeno que ha sido descrito por las autoridades como una “coacción de mercado”.
Durante el reciente “Operativo Liberación”, desplegado en 14 municipios, se detuvo a ocho presuntos integrantes de este entramado delictivo, incluidos operadores financieros, logísticos y políticos. Entre los detenidos se encuentra Yareli “N”, regidora en funciones en Ixtapan de la Sal, acusada de secuestro exprés con fines de extorsión. También se aseguraron 63 inmuebles entre casas de materiales, rastros, expendios de alimentos y hoteles, además de 128 vehículos y 18 animales exóticos.
El operativo reveló la estructura de un mercado paralelo sostenido mediante amenazas, secuestros y cobros forzados. Comerciantes y constructores locales eran obligados a adquirir insumos en puntos específicos y a través de sindicatos controlados por el grupo criminal, como el Sindicato Libertad y Bradosva. En algunos municipios, como Tejupilco, los delincuentes llegaron a establecer rastros alternos, cerrar instalaciones municipales y controlar canales de distribución de paquetería comercial.
La fiscalía identificó incrementos de precios en vidrio, acero, carne y pollo, así como restricciones en el transporte de materiales. En respuesta, las autoridades mexiquenses anunciaron la redistribución de los bienes asegurados mediante esquemas del gobierno estatal.
Este fenómeno ha generado, en términos económicos, una alteración sustancial en los precios y en el acceso a productos de primera necesidad, lo que algunos describen como un escenario de “inflación impuesta” en zonas bajo dominio criminal.
