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Ciudad de México.— El gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cerró filas en torno al protocolo ejecutado el pasado 22 de febrero en Jalisco. El general secretario Ricardo Trevilla Trejo detalló que el operativo para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se dividió en dos fases críticas bajo un estricto apego a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.
El factor letal: emboscada en el bosque
La operación, ejecutada por dos equipos de élite (aproximadamente 14 elementos de Fuerzas Especiales), enfrentó una resistencia de alto poder de fuego. Según el informe oficial:
- Fase 1 (Cabañas): Un enfrentamiento inicial donde perdieron la vida un oficial y un elemento de tropa.
- Fase 2 (Zona boscosa): Localización de Oseguera Cervantes. Tras ser conminado a rendirse, el capo inició un tiroteo que cobró la vida de un segundo oficial.
"Si está muriendo nuestra gente, ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse. Por las características del delincuente, era poco probable que se entregara; llevaba mucho armamento", explicó Trevilla Trejo.
Protocolos de Sanidad y Certeza Jurídica
Pese a la intensidad del combate, la Sedena enfatizó que se brindaron primeros auxilios tanto a los militares heridos como a Oseguera Cervantes y sus escoltas. La movilización incluyó el despliegue de una ambulancia aérea para intentar trasladar al objetivo herido, cumpliendo con los estándares internacionales de derechos humanos.
La FGR toma el control
Para garantizar la transparencia del operativo, la Sedena confirmó que toda la evidencia, incluyendo las Órdenes Generales de Operaciones y los resultados de las necropsias, ha sido entregada a la Fiscalía General de la República. Este paso es fundamental para dar certeza jurídica a la acción militar y evitar cuestionamientos sobre ejecuciones extrajudiciales en un caso que redefine el mapa del narcotráfico en México.
