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México.- Bajo un esquema que busca reactivar la participación privada sin ceder la rectoría estatal, el Gobierno federal anunció un Plan Estratégico de Inversión en Infraestructura que proyecta un gasto de 5.9 billones de pesos hacia el año 2030.
La estrategia, denominada "Plan México", pretende detonar el crecimiento regional mediante una combinación de recursos públicos y vehículos de inversión mixta, aunque mantiene la presión sobre las finanzas públicas con un déficit estimado en 4.3 por ciento.
Durante la presentación del plan, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, detalló que para el periodo 2026-2030 se han priorizado sectores clave donde la energía absorbe la mayor parte de los recursos, con un 54 por ciento del total. Le siguen en orden de relevancia el sector ferroviario con el 16 por ciento, carreteras con el 14 por ciento, y rubros como salud, puertos y agua con porcentajes menores que oscilan entre el 6 y el 3 por ciento.
Para el ejercicio 2026, la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum proyecta que la inversión en infraestructura represente el 2.5 por ciento del PIB dentro del Presupuesto de Egresos, monto que se pretende potenciar con un 1.9 por ciento adicional proveniente de capital privado y banca de desarrollo. Al respecto, la Mandataria subrayó que, a diferencia de las concesiones del pasado, los nuevos contratos evitarán cláusulas "leoninas" y garantizarán que los activos permanezcan bajo control del Estado.
Sin embargo, el plan reconoce la necesidad de un nuevo marco jurídico. En las próximas semanas se enviará al Congreso una iniciativa de ley para formalizar el Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, el cual será presidido por la propia Sheinbaum. Este organismo tendrá la tarea de destrabar cuellos de botella administrativos y dar seguimiento financiero a los más de 1,500 proyectos detectados por las dependencias federales.
Por su parte, el director de Banobras, Jorge Mendoza, admitió que el uso de esquemas mixtos no es una innovación reciente, sino una herramienta heredada que ahora se busca transparentar mediante nuevos vehículos de inversión. Estos instrumentos pretenden captar recursos del mercado bursátil y la banca comercial para proyectos emblemáticos, como la consolidación de las plantas compradas a Iberdrola y la modernización de corredores logísticos.
El reto de la estrategia radica en el equilibrio fiscal. Con un gasto anual en programas de bienestar que ya ronda el billón de pesos, el Gobierno federal apuesta a que la inversión pública funcione como el motor principal del desarrollo, mientras intenta convencer a los mercados de que la participación del 46 por ciento del capital privado en el sector eléctrico será suficiente para cubrir la demanda energética del país hacia el final de la década.
