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En una contundente ofensiva contra el contrabando y la evasión fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto en la mira al sector energético, un punto clave en la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Esta "purga" en las aduanas ha provocado la suspensión de cientos de empresas en un esfuerzo por combatir el "huachicol fiscal", una práctica ilícita que ha sangrado las finanzas públicas por años.
El huachicol fiscal: el delito detrás de la purga
La estrategia del SAT se ha concentrado en desmantelar una red de contrabando sofisticada, conocida como "huachicol fiscal". A diferencia del robo de combustible directo de los ductos, esta modalidad implica la introducción ilegal de gasolinas al país haciéndolas pasar por lubricantes o aceites. El objetivo es claro: evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), un gravamen crucial para las finanzas del Estado.
El gobierno federal ha revelado que esta red operaba con la complicidad de altos mandos, incluso de la Marina, lo que ha justificado una respuesta masiva. La purga en el padrón de importadores y exportadores ha sido la principal herramienta para frenar estas actividades.
Impacto en el sector energético
Las cifras del SAT muestran un enfoque quirúrgico en el sector energético:
- 269 empresas vinculadas a la importación y exportación de energéticos han sido suspendidas.
- 59 empresas de petróleo.
- 24 empresas de diésel.
- 28 empresas de gas.
- 15 empresas de lubricantes.
La atención particular a las compañías de lubricantes no es coincidencia. Es en este sector donde se ha identificado el núcleo del "huachicol fiscal".
Al simular la importación de aceites, que tienen un IEPS mucho menor o nulo, los contrabandistas logran introducir combustible de manera ilegal, vendiéndolo a precio de mercado y obteniendo ganancias millonarias.
Este golpe directo a la cadena de suministro busca cortar el flujo de dinero ilícito y enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero ante este tipo de delitos.
