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Ciudad de México.- Bajo el manto de la "continuidad con cambio", el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una de las patologías más severas del sistema de contrataciones en México: la concentración de la riqueza pública en manos de un puñado de empresas que, en su mayoría, operan bajo estándares éticos mediocres o inexistentes.
De acuerdo con el nuevo Índice de Integridad de Proveedores del Estado 2025 (IIPE), elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 49.6% del pastel presupuestal —unos 403 mil 968 millones de pesos— fue a parar a las cuentas de solo 100 proveedores. El problema no es solo el monto, sino la calidad moral de quienes lo reciben: casi la mitad de estos gigantes del erario tienen calificaciones reprobatorias en integridad corporativa.
Los favoritos "fantasmales"
El informe desnuda una realidad alarmante: el Estado mexicano está alimentando a empresas que ni siquiera cumplen con las formas mínimas de transparencia. Cuatro de las compañías que más recursos devoraron (Comercializadora Seguridad Privada con Responsabilidad Social, Importadora Manufacturera Bruluart, Pegsa Construcciones y Puerta del Sol Capital) ni siquiera cuentan con una página web localizable.
A pesar de ser "fantasmas" digitales, este cuarteto recibió 17 mil millones de pesos, una cifra equivalente a todo el presupuesto del Poder Legislativo para 2026. Sin códigos de ética, sin políticas contra el soborno y sin una dirección física verificable para el escrutinio público, estas empresas se han convertido en las protagonistas de la asignación discrecional.
La simulación del cumplimiento
El IIPE 2025, que evalúa desde políticas anticorrupción hasta sistemas de denuncia, arroja un promedio nacional de 55.6 puntos sobre 100. La radiografía de la simulación es clara:
- 46 empresas reprobaron el índice.
- 27 compañías incumplieron criterios básicos para ser proveedores, como tener un registro vigente o dirección verificable.
- Una empresa fue inhabilitada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en pleno 2025, evidenciando que los filtros del Estado son, en el mejor de los casos, porosos.
Incluso en el grupo de las "mejores" evaluadas, ninguna alcanzó la excelencia. Los pendientes son sintomáticos de una cultura empresarial que se resiste a la rendición de cuentas: los directivos siguen evadiendo los entrenamientos de integridad y las sanciones internas por corrupción brillan por su ausencia.
Nuevas leyes, viejas mañas
El reporte advierte que la nueva Ley de Adquisiciones de abril de 2025 ha abierto la puerta a figuras como el "diálogo competitivo" y la "negociación directa", herramientas que, bajo la promesa de flexibilidad, aumentan el margen de discrecionalidad en un ecosistema donde el 50% del gasto ya está concentrado.
Mientras el gobierno federal presume una nueva era de ética pública, los datos de ComprasMX sugieren lo contrario. Al excluir de este análisis los contratos de Pemex, CFE y los proyectos estratégicos de las Fuerzas Armadas (blindados por la opacidad de la "seguridad nacional"), el escenario real de la corrupción podría ser aún más profundo y oscuro.
Capitalismo de compadres en la 4T: Un centenar de empresas acaparó el 49.6% del presupuesto federal en el arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum, operando en un alarmante vacío ético. El IIPE 2025 revela que el Estado entrega miles de millones a proveedores sin códigos de ética, sin portales de transparencia e incluso a empresas "fantasma" que eluden cualquier control anticorrupción.
La información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Ve a la nota detallada aquí: https://contralacorrupcion.mx/reprobados-en-integridad-la-mitad-de-los-100-contratistas-principales-del-gobierno/
