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La violencia y el crimen en Guerrero han alcanzado una nueva y alarmante dimensión. Mientras los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que la extorsión se ha convertido en el delito más frecuente en la entidad, la realidad en las calles, capturada en las notas de prensa, es de una brutalidad sin freno.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, la extorsión en Guerrero se disparó en 2024 a una tasa de 9,617 delitos por cada 100 mil habitantes, un aumento estadísticamente significativo respecto al año anterior. Este dato coloca a Guerrero como uno de los ocho estados donde este delito es el principal azote, reflejando el poder de los grupos criminales que han hecho del cobro de piso una de sus principales fuentes de ingresos.
Un sistema de justicia en colapso
La crisis de seguridad se agrava por la profunda desconfianza en las instituciones. La ENVIPE detalla que el 96.5% de los delitos no se denuncian o no son investigados, una “cifra oculta” que evidencia el fracaso del sistema de justicia. De cada 100 delitos, solo cinco se denuncian y menos de cuatro inician una carpeta de investigación.
Los guerrerenses han perdido la fe en la autoridad, y las razones son contundentes: el 48.5% no denuncia por desconfianza, por considerarlo una pérdida de tiempo, o por la indiferencia de la propia autoridad. Este vacío de poder institucional ha sido aprovechado por la delincuencia organizada, que opera con total impunidad.
La realidad detrás de los números: un estado capturado por el miedo
El costo del crimen no es solo económico, aunque este asciende a 3.9 mil millones de pesos para los hogares guerrerenses. El verdadero precio se paga con sangre y con el terror diario que viven los ciudadanos. La ENVIPE revela que el 81.2% de la población se siente insegura, un miedo que se traduce en un cambio radical de vida: el 48.4% ha dejado de salir de noche y el 61.3% no permite que los menores salgan solos.
Esta percepción no es paranoia. La violencia es una constante. En la última semana, los reportes locales dan cuenta de múltiples asesinatos, incluyendo el de un ganadero en Iguala, quien fue previamente secuestrado, y el hallazgo del cuerpo de una mujer con "torniquete" en Acapulco. La escalada de violencia no se limita a la calle: un intento de motín en el penal de Las Cruces, sofocado con detonaciones de arma de fuego, demuestra que el control de la criminalidad es frágil incluso dentro de los centros de reclusión.
Mientras el gobierno federal insiste en la presencia militar como su principal estrategia, la situación en el estado no muestra signos de mejora. El alto nivel de confianza en la Marina y el Ejército contrasta con la total desaprobación de las policías estatales, municipales y ministeriales, a las que la población considera profundamente corruptas.
En un estado donde la justicia no llega y la violencia se diversifica del asalto en la calle a la extorsión digital, las cifras del INEGI no son un simple reporte estadístico. Son la radiografía de una población a la que el Estado ha dejado a merced de los criminales, demostrando que la extorsión no es solo un delito más, sino el síntoma de un colapso social y la prueba de un gobierno que ha perdido la batalla por el control del territorio.
