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Chilpancingo, Guerrero.— Doce años después de los ataques que marcaron la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un juez federal condenó a 60 años de prisión al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y a otras 25 personas por seis homicidios cometidos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La resolución fue dictada el 10 de noviembre por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, dentro de la causa penal 4/2018 y sus acumuladas. La organización Red Solidaria Década contra la Impunidad dio a conocer el fallo, que también contempla el delito de homicidio simple en grado de tentativa contra 61 personas.
Entre los sentenciados se encuentra Felipe Flores Velázquez, entonces director de Seguridad Pública de Iguala. De acuerdo con la resolución, Abarca tuvo el carácter de inductor de los homicidios, mientras que Flores fue considerado autor mediato.
La condena comprende los asesinatos de los normalistas Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo; de Blanca Montiel Sánchez, así como de Víctor Manuel Lugo Ortiz, conductor del autobús de Los Avispones de Chilpancingo, y David Josué García Evangelista, conocido como “El Zurdito”, integrante del equipo de futbol.
Los ataques alcanzaron a normalistas y al equipo de Los Avispones
Los seis homicidios ocurrieron en distintos puntos durante la jornada de violencia del 26 y 27 de septiembre de 2014. Mientras estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala, el autobús que transportaba a jugadores y cuerpo técnico de Los Avispones también recibió disparos en las inmediaciones del crucero hacia Santa Teresa, en el municipio de Tepecoacuilco.
En esa agresión murieron el conductor Víctor Manuel Lugo Ortiz y el futbolista David Josué García Evangelista. El ataque dejó además personas lesionadas, parte de las 61 víctimas consideradas en el delito de tentativa de homicidio incluido en la sentencia.
El caso de Julio César Mondragón Fontes tuvo características particularmente graves. El normalista, de 22 años, fue localizado sin vida la mañana del 27 de septiembre en Iguala, con lesiones severas y el rostro desollado.
Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que su cuerpo presentaba 64 fracturas distribuidas en 40 huesos del cráneo, rostro, tórax y columna vertebral. Sin embargo, la sentencia ahora conocida sanciona el homicidio, pero no incorpora el delito de tortura.
La familia de Mondragón cuestiona que el fallo excluya la tortura
La Red Solidaria Década contra la Impunidad, que acompaña a la familia del normalista, reconoció que la condena representa un avance después de doce años, pero cuestionó que no se haya establecido responsabilidad penal por la tortura que sufrió antes de morir.
La organización pidió a la Fiscalía General de la República investigar ese delito con base en los dictámenes forenses existentes y llevar ante la justicia a quienes lo cometieron, ordenaron o permitieron.
La exigencia también fue respaldada por los familiares de Julio César Mondragón, quienes demandan que la investigación no se limite al homicidio y que se garantice una reparación integral del daño.
La omisión resulta relevante porque la sentencia resuelve una parte de los crímenes cometidos durante la Noche de Iguala, pero deja sin sanción específica la tortura documentada en el cuerpo del estudiante.
Por otra parte, la defensa de José Luis Abarca impugnó la resolución, por lo que un tribunal colegiado deberá revisar la sentencia y determinar si la confirma, modifica o revoca.
La condena de 60 años constituye una nueva resolución judicial contra el exalcalde, pero no significa que se haya esclarecido el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos aquella noche. A más de una década de los ataques, la búsqueda de los normalistas y el esclarecimiento integral de los hechos siguen siendo asuntos pendientes.