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Chilpancingo, Gro.- El corredor que conecta la capital del estado con el puerto de Acapulco se ha convertido, de nueva cuenta, en el epicentro de una guerra sorda donde la línea entre las autodefensas y el crimen organizado se ha borrado por completo bajo la mirada complaciente del Gobierno del Estado.
Esta mañana, el bloqueo de la Autopista del Sol en el entronque a Tierra Colorada no fue solo una protesta por obras o servicios; fue un grito de supervivencia de decenas de comisarios y transportistas del municipio de Juan R. Escudero, quienes advirtieron que están dispuestos a tomar las armas para repeler la incursión de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Para los pobladores, estas siglas ya no representan la lucha social, sino los intereses expansionistas del grupo criminal "Los Rusos", particularmente de la facción liderada por los Carrillo de Ayutla.
El cinismo institucional
La tensión alcanzó su punto máximo cuando al lugar del bloqueo arribaron el subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Rodríguez Cisneros, y el secretario de Seguridad Pública, Daniel Ledesma Osuna. En un ejercicio de retórica que los inconformes tacharon de cínico, los funcionarios negaron que la UPOEG hubiera utilizado armas de alto poder en su incursión del viernes pasado.
La respuesta de Daniel Rosas Martínez, asesor de los comisarios, fue fulminante: le puso en las manos al funcionario una fotografía que evidenciaba el arsenal de guerra de los supuestos "comunitarios". Ante la evidencia, el diálogo se rompió. Rosas Martínez no dudó en señalar al gobierno estatal como cómplice de la UPOEG y exigió la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el fracaso de la administración local.
"El gobierno lo sabe perfectamente. Si esto me cuesta la vida, no me importa", sentenció Rosas ante la mirada de efectivos de la Guardia Nacional y militares que, aunque presentes, se mantuvieron como espectadores de una crisis que amenaza con desbordarse a los municipios de Tecoanapa y las localidades de El Ocotito y Xaltianguis.
El retorno del caos
El hartazgo de las comunidades tiene nombre y apellido. Los comisarios de El Terrero y Tlayolapa identificaron a Lino Ponce González y Julio Carrillo Alarcón como los artífices de una estrategia para "tomar el municipio, extorsionar y matar inocentes". Según los testimonios, Ponce —quien fue comisario en El Terrero— dejó a su paso una estela de desorden que las comunidades apenas comenzaban a sanar mediante la reactivación de ferias y clases escolares.
"No necesitamos el apoyo de estas autodefensas; son una amenaza. Si regresan, nos vamos a armar", advirtió Mario Alberto Cortés, comisario de Tlayolapa, dejando en claro que la "estabilidad" presumida por las autoridades es un espejismo que solo se sostiene por la resistencia de los propios pueblos.
La paz de los boletines
Mientras en el terreno se gesta un choque armado, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz optó por la burocracia digital. Mediante un comunicado en redes sociales, el organismo se limitó a recomendar a turistas y locales "tomar previsiones" ante el bloqueo, tratando un conflicto de seguridad nacional como un simple contratiempo vial en pleno fin de semana largo.
La omisión del Estado ha dejado a los habitantes de Tierra Colorada frente a una disyuntiva sangrienta: someterse al control de las facciones ligadas al narco o convertirse en una nueva autodefensa para combatir a quienes, paradójicamente, nacieron bajo ese mismo concepto pero terminaron devorados por la criminalidad que prometieron combatir.
