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Ciudad de México.- La iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue recibida y turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, tras ser presentada formalmente este 4 de marzo en sesión presencial.
El proyecto, que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ajustar el sistema de representación y financiamiento, mantiene la estructura de 300 diputaciones por mayoría relativa y 200 plurinominales, pero propone cambios significativos en su distribución y en las reglas de financiamiento público y participación ciudadana.
La bancada mayoritaria del Movimiento Regeneración Nacional confirmó su respaldo a la iniciativa, pero enfrenta incertidumbre sobre si sus aliados tradicionales, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, acompañarán la propuesta en su totalidad. Legisladores de esos partidos han expresado reservas sobre la eliminación o modificación de las listas plurinominales y la reducción de financiamiento que la reforma plantea, aspectos que consideran contrarios a sus intereses políticos y electorales.
Sin el apoyo completo de PT y PVEM, la reforma corre el riesgo de no alcanzar la mayoría calificada de dos tercios necesaria para modificar la Constitución en ambas cámaras del Congreso. En ese escenario, Morena tendría que negociar con parte de la oposición o enfrentar un posible retraso en la aprobación, lo que podría dejar sin efecto la iniciativa para las elecciones federales de 2027.
Diversos partidos de oposición han manifestado su rechazo. El Partido Acción Nacional criticó la propuesta calificándola como un intento de centralizar poder y debilitar contrapesos, en tanto que figuras políticas como la excandidata Xóchitl Gálvez han calificado la reforma de regresiva para la democracia.
En contraste, dirigentes de Morena sostienen que la reforma busca perfeccionar el sistema electoral para hacerlo más transparente, reducir costos y acercar la toma de decisiones a la ciudadanía, aunque reconocen que será necesario construir acuerdos dentro y fuera de la coalición oficialista para lograr su aprobación.
Reforma propone cambiar reglas de plurinominales y financiamiento político
El proyecto plantea modificar diversos artículos constitucionales para ajustar el sistema electoral a problemas identificados como altos costos, complejidad administrativa, riesgos de financiamiento irregular y baja participación ciudadana. La iniciativa sostiene que se busca perfeccionar el modelo vigente, no sustituirlo, y mantener el esquema mixto de integración de la Cámara: 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.
Entre los cambios centrales se encuentra una nueva forma de asignar las diputaciones plurinominales: 100 corresponderían a personas que no ganaron su distrito pero obtuvieron alta votación, y otras 100 serían electas por votación directa en cinco circunscripciones regionales, incluyendo a mexicanos residentes en el extranjero. La propuesta mantiene el principio de representación proporcional, pero busca reducir la designación directa por cúpulas partidistas.
La iniciativa también introduce ajustes al financiamiento de partidos políticos, al establecer una fórmula basada en el padrón electoral y la Unidad de Medida y Actualización. Prohíbe recibir recursos de gobiernos u organizaciones extranjeras, así como de personas que vivan fuera del país, y elimina las aportaciones en efectivo. Todas las donaciones privadas deberán realizarse mediante el sistema financiero nacional y ser reportadas al Instituto Nacional Electoral.
Otro eje es el fortalecimiento de la democracia directa. Se reconoce el derecho a consultas populares, referéndums y plebiscitos, cuyos resultados serían obligatorios si participa al menos 40 por ciento de la lista nominal. También se permite el uso de tecnologías digitales para emitir el voto en estos ejercicios y se prohíbe contratar propaganda en radio, televisión y plataformas digitales para promoverlos.
En materia de inclusión, el proyecto obliga a garantizar acciones afirmativas para pueblos indígenas, afromexicanos y grupos históricamente subrepresentados. Además, establece mecanismos de coordinación entre autoridades electorales y áreas de seguridad y finanzas para revisar la procedencia de recursos y la integridad de las candidaturas.
El régimen transitorio fija como plazo máximo el 15 de mayo de 2026 para que el Congreso y las legislaturas estatales armonicen sus leyes. También prevé que el padrón electoral de mexicanos en el extranjero sea permanente y que se emitan reglas específicas para su participación en la elección de diputaciones en 2027.
La propuesta inicia ahora su ruta legislativa en comisiones, donde se prevé que cuente con el respaldo de los partidos aliados del Ejecutivo federal para alcanzar la mayoría constitucional requerida.
