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Chilpancingo.- El Congreso del Estado frenó una serie de aumentos “desproporcionados” y cobros ilegales incluidos por el Ayuntamiento de Acapulco en su Ley de Ingresos para 2026, al considerar que violaban disposiciones legales y resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante la sesión de este miércoles se dio primera lectura a las leyes de ingresos y tablas de valores de los seis municipios más grandes de Guerrero: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Zihuatanejo y Tlapa, las cuales se prevé que sean votadas y aprobadas el próximo lunes. Sin embargo, fue el caso de Acapulco el que encendió las alertas dentro del Poder Legislativo.
El diputado de Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Joaquín Badillo Escamilla, reveló que la Comisión de Hacienda detectó cobros indebidos y aumentos fuera de la ley en la propuesta enviada por el gobierno municipal que encabeza la también morenista Abelina López Rodríguez.
Entre los puntos más cuestionados, el legislador señaló el intento del Ayuntamiento de cobrar por la expedición de una carta de pobreza, un documento que suele ser requisito para acceder a programas sociales.
“Se detectaron algunos conceptos que no deberían de estar con cobro”, advirtió Badillo Escamilla, quien recordó que la SCJN invalidó este mismo año artículos de diversas leyes de ingresos municipales por establecer cobros inconstitucionales.
“La última resolución de la Suprema Corte señala que ese tipo de cartas no deben tener costo; que la documentación que se requiere para un programa social no debe tener costo. Por eso se eliminó esa parte”, explicó.
Además, la administración municipal propuso incrementar el impuesto predial por encima del límite permitido por la ley, al pretender elevar la tasa hasta un 3.5 por ciento, cuando el máximo legal es del 3 por ciento.
“Acapulco tenía un mecanismo de cobro desde el 0 hasta el 3 por ciento, y para el próximo año se iba hasta el 3.5 por ciento, cuando la ley es muy clara en que no puedes excederte de ese porcentaje”, detalló el diputado.
Badillo Escamilla fue directo al señalar que el gobierno municipal “pretendía cobrar de más”, por lo que desde el Congreso se les dejó claro que debían ajustarse estrictamente al marco legal vigente.
Estas correcciones retrasaron la votación de las leyes de ingresos de los municipios más grandes del estado, misma que se realizará en la sesión programada para el próximo lunes.
Una vez aprobadas las 85 leyes de ingresos y tablas de valores municipales, el Congreso local entrará de lleno a la revisión del Presupuesto de Egresos 2026, propuesto por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que contempla un gasto superior a los 87 mil millones de pesos, con prioridad en las áreas de Seguridad Pública, Educación y Salud.
