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Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó, casi sin discusión y con aval unánime de las bancadas —salvo el voto particular del PRI—, la reforma que endurece drásticamente las penas por el delito de extorsión. El pleno simplemente se plegó a los cambios del Senado, que elevó el mínimo de cárcel a 15 y hasta 25 años, abrió la puerta a 43 agravantes y empujó sentencias que pueden llegar a 42 años sin ningún beneficio de preliberación.
El paquete incluye modificaciones a cuatro leyes, desde el Código Penal Federal hasta la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y suma la extorsión al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, pese a los cuestionamientos nacionales e internacionales sobre el abuso de esa figura y su nulo impacto comprobado en la reducción del crimen.
Además, se aprobaron penas de 10 a 20 años para policías, custodios y funcionarios que no denuncien el delito, duplicando la propuesta de la Cámara. Para los críticos, la lógica es la misma: más cárcel, menos debate.
“Les corrigieron la plana”
En la breve discusión, opositores del PAN y el PRI acusaron a Morena de haber legislado sin rigor y de que tuvo que ser el Senado quien “corrigiera la plana”. El panista Marcelo Torres reprochó al oficialismo que desestimara advertencias y ahora presumiera como propios los cambios que antes rechazó.
Morena respondió con molestia. Su coordinador, Ricardo Monreal, acusó a la oposición de soberbia y aseguró que el sistema bicamaral funciona precisamente para este tipo de ajustes. Pero, en un giro que exhibe la contradicción del bloque mayoritario, el líder morenista reconoció que “agravar las penas por sí solo no resolverá la situación del país”, aunque él mismo votó a favor del endurecimiento.
Punitivismo sin diagnóstico
La reforma avanza sin un diagnóstico claro ni evidencia de que incrementar años de cárcel reduzca la extorsión, un delito que prolifera en buena parte del país bajo la tolerancia o incapacidad de autoridades locales y federales. Pese a ello, el pleno aprobó sin titubeos un esquema que profundiza la lógica del castigo, aun cuando el propio oficialismo admite que no es suficiente.
Desde el Partido Verde, Ricardo Madrid apeló al discurso clásico: proteger a comercios, familias, tienditas, transportistas y productores del campo. Pero la reforma tampoco toca las causas estructurales ni las redes de corrupción que permiten el cobro de piso, mientras fortalece facultades de persecución, intervención de comunicaciones y castigos severos.
Un cierre acelerado, un debate mínimo
En menos de lo que dura una sesión ordinaria, los diputados aprobaron una legislación de enorme impacto sin análisis sustantivo, sin revisar efectos colaterales y sin cuestionar la expansión de la prisión preventiva. El acuerdo político —entre presiones, urgencias y cálculo electoral— terminó imponiéndose a un debate que nunca se dio.
