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Ciudad de México. – En una votación histórica y dividida, la Cámara de Diputados aprobó anoche la Ley General contra la Extorsión, que establece un tipo penal básico de 6 a 15 años de prisión para quienes cometen este delito, con un catálogo de 34 agravantes que podrían elevar la pena. Sin embargo, expertos y legisladores advierten que la norma podría generar un efecto inesperado: la liberación de al menos 600 extorsionadores actualmente encarcelados en cuatro estados donde las condenas son más altas.
La ley, acompañada de reformas al Código Penal Federal, también establece prisión preventiva oficiosa y persecución de oficio del delito, así como la posibilidad de recibir denuncias anónimas a través del 089. Se aprobó por unanimidad en lo general, pero la discusión en lo particular encendió las alarmas.
Una reserva presentada por Morena, PT, PVEM y MC redujo las penas para policías, agentes del Ministerio Público, jueces y directivos de penales que omitan denunciar casos de extorsión. Originalmente, se proponía una pena de 10 a 20 años para estos funcionarios; la modificación aprobada la deja entre 5 y 12 años, bajo el argumento de proporcionalidad.
“La gravedad de la omisión no es igual a la comisión del delito”, explicó Ricardo Monreal, coordinador de Morena. “No se le puede aplicar una pena mayor al funcionario que omite frente al extorsionador. Es una razón lógica, proporcional”.
El PAN y el PT criticaron esta reducción y propusieron, sin éxito, elevar el tipo penal básico a 10-20 años para homologarlo con la omisión de los funcionarios. El panista Elías Lixa alertó que la ley podría generar vacíos legales similares al caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, actualmente procesado por extorsión y secuestro, al que algunos diputados llamaron “ley Bermúdez”.
Legisladores reconocen que la ley podría producir un efecto retroactivo en estados como Chihuahua, donde algunos extorsionadores cumplen condenas superiores a 20 años, lo que abriría la puerta a liberaciones inmediatas. Ricardo Mejía Berdeja, del PT, advirtió que la omisión de funcionarios es un delito distinto y que, de comprobarse complicidad, la pena podría llegar hasta 25 años, sin beneficios de libertad anticipada.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, sostuvo que la ley permitirá que el Estado actúe como un frente único contra la extorsión y el “cobro de piso”, al tiempo que los bienes decomisados financiarán la reparación integral del daño, aunque no procederá la extinción de dominio sobre activos ya transferidos a gobiernos federal o estatales.
Analistas advierten que, más allá del avance legislativo, la ley pondrá a prueba la capacidad del Estado para perseguir eficazmente a los extorsionadores sin generar impunidad en el proceso. Mientras tanto, los legisladores deberán enfrentar la paradoja de una norma que fortalece la acción estatal, pero que en ciertas condiciones podría liberar a delincuentes que hoy cumplen largas condenas.
