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Ciudad de México.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social aprobaron el dictamen que reforma el artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, en una ruta gradual que culminará en 2030.
El proyecto, derivado de una iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalado con 61 votos en total: 34 en la Comisión de Puntos Constitucionales y 27 en la de Trabajo.
Las instancias son presididas por el diputado Leonel Godoy Rangel y la diputada Maiella Gómez Maldonado, ambos de Morena.
Godoy informó que las reservas y votos particulares deberán presentarse directamente ante el Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión. Con base en el Reglamento, solicitó turnar el dictamen a la Mesa Directiva para su programación legislativa.
“Estamos viviendo momentos históricos; desde 1917 no se reforma la Constitución en este tema”, afirmó Gómez, quien confió en que el proyecto será aprobado por el Pleno. “Que vivan las 40 horas”, expresó.
Gradualidad hasta 2030
El dictamen establece que la jornada laboral será de 40 horas semanales, en los términos que fije la ley secundaria. Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar al menos un día de descanso con goce íntegro de salario.
La transición será escalonada: en 2026 se mantendrán las 48 horas; en 2027 bajará a 46; en 2028 a 44; en 2029 a 42, y en 2030 se alcanzarán las 40 horas.
Se precisa que la reducción no implicará disminución de sueldos, salarios ni prestaciones.
En caso de horas extraordinarias, se pagará un 100 por ciento adicional sobre el salario ordinario y no podrán exceder de 12 horas semanales, distribuidas hasta en cuatro horas diarias. Si se rebasa ese límite, el empleador deberá cubrir un 200 por ciento adicional. Las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extra.
Apoyos, incentivos y dos días de descanso
Durante cuatro rondas de posicionamientos, Morena y sus aliados defendieron la gradualidad como mecanismo para evitar impactos negativos en sectores económicos.
El morenista Manuel Vázquez Arellano sostuvo que la reforma hará justicia a la clase trabajadora tras décadas sin cambios estructurales. Su compañera Ariadna Barrera afirmó que el trabajo es un derecho humano y que la reducción no afectará conquistas laborales.
Desde la oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano respaldaron en lo general la reducción, pero insistieron en precisar en la Constitución un esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso.
La panista Noemí Luna señaló que su bancada apoya la causa, pero pidió proteger a las empresas para evitar pérdida de empleos e informalidad. En el mismo sentido, Theodoros Kalionchiz consideró indispensable garantizar dos días reales de descanso.
Por el PRI, César Alejandro Domínguez y Rubén Moreira plantearon incentivos fiscales temporales, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas, y advirtieron que “un derecho que se difiere es un derecho que se niega”.
Movimiento Ciudadano, a través de Patricia Mercado e Irais Reyes, celebró la reducción a 40 horas, pero cuestionó que se mantenga la posibilidad de seis días laborales por uno de descanso, al dejar el tema a negociación.
En el PVEM y el PT hubo respaldo a la reforma, aunque algunas voces, como Margarita García, plantearon que la reducción debería ser inmediata; otras defendieron la aplicación progresiva para permitir adaptación empresarial.
El dictamen pasará ahora al Pleno, donde se anticipa un nuevo debate sobre la gradualidad, los incentivos económicos y la exigencia de fijar explícitamente dos días de descanso por cada cinco laborados.
