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Ciudad de México.- La Cámara de Diputados no solo fue escenario de una reforma legal, sino de un choque de trenes personal. Mientras Morena celebraba el fin de los "gastos onerosos" en cabildos y congresos locales, la chispa saltó cuando Leonel Godoy (Morena) sentenció que a la oposición "no le embona ningún plan".
La respuesta del panista Germán Martínez no se hizo esperar, reviviendo uno de los fantasmas más polémicos de la política mexicana: el "cajuelazo" de 2010. "A nosotros no nos embona nada, ni en la cajuela de un coche un medio hermano acusado de delincuencia organizada", lanzó Martínez en una sesión que pasó de la técnica legislativa a los insultos de alto calibre.
¿De qué va realmente este nuevo "Plan B"?
Más allá de la retórica, la reforma toca tres puntos clave que cambiarán la arquitectura del poder local:
- Tope al gasto legislativo: Los congresos locales ya no podrán gastar más del 0.70% del presupuesto estatal. Se acabó el cheque en blanco.
- Ayuntamientos a dieta: Se limita la integración de los municipios a un máximo de 15 regidurías, bajo estrictos principios de paridad de género.
- Cero lujos electorales: Consejeros y magistrados tienen prohibido contratar seguros privados o prestaciones adicionales con dinero público. El mensaje es claro: nadie por encima del límite constitucional.
La revocación se queda en 2028
Aunque el oficialismo quería adelantar la consulta de revocación de mandato para 2027, el Senado ya le puso un "estate quieto" a esa intención. La reforma aprobada confirma que el ejercicio democrático se realizará hasta 2028, evitando que se cruce con los procesos electorales intermedios.
Lo que sigue: la ruta de los 17
La moneda sigue en el aire. Para que estos cambios a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales se vuelvan realidad, el proyecto ahora viaja a los estados. Se necesita que al menos 17 congresos locales den el "sí" antes del 30 de mayo de 2026 para que la reforma sea declarada constitucional.
La voz de la oposición: Mientras el PRI califica la reforma como una "distracción de los problemas graves", Movimiento Ciudadano —que votó a favor en lo general pero en contra en lo particular— criticó que el plan se queda corto y no toca los problemas estructurales del sistema.
¿Ahorro real o control político? El gobierno asegura que el dinero rescatado irá directo a obras y programas sociales. La oposición, en cambio, ve un modelo que centraliza decisiones y debilita a las instituciones locales. La batalla apenas comienza en las capitales estatales.
