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Guadalajara, Jalisco.- Durante meses, el ayuntamiento de Tequila, Jalisco, dejó de operar como una instancia de gobierno para funcionar, según la Fiscalía General de la República, como el centro de operaciones de una red dedicada al secuestro, la extorsión y el control político. Desde oficinas públicas, con policías municipales y funcionarios en activo, el presidente municipal Diego Rivera Navarro habría encabezado un esquema en el que el poder público fue utilizado como herramienta criminal.
La FGR sostiene que el alcalde no solo permitió actividades ilícitas, sino que integró la estructura del gobierno municipal a un sistema delictivo que operaba con amenazas, uso de la fuerza y castigos administrativos. En la solicitud de orden de aprehensión presentada ante un juez federal el 30 de enero y cumplimentada el 5 de febrero, la fiscalía advierte que se trata de un caso de “fusión de la criminalidad con el poder político”, en el que la autoridad fue empleada para delinquir.
De acuerdo con el expediente judicial, empresarios, comerciantes, opositores políticos y empleados municipales describieron un mismo patrón: visitas oficiales que terminaban en amenazas, clausuras usadas como mecanismo de presión y policías municipales que actuaban como cobradores. Las decisiones de gobierno, señala la FGR, se convirtieron en instrumentos de extorsión.
Uno de los testimonios recabados refiere que el propio Diego Rivera Navarro acudió a un establecimiento comercial acompañado de colaboradores y policías armados para exigir pagos semanales. Bajo amenaza de secuestro, el comerciante fue obligado a entregar dinero de manera periódica. La víctima proporcionó a las autoridades números telefónicos, ubicaciones de casas de seguridad y la identificación de funcionarios municipales que habrían participado en el esquema.
Otro comerciante denunció que su negocio fue clausurado tras la llegada de Rivera Navarro a la presidencia municipal y que, para reabrirlo, le exigieron un pago inicial de 50 mil pesos, seguido de cuotas mensuales. Al incumplir uno de estos pagos, fue agredido físicamente, sufrió daños en su local y recibió nuevas amenazas. La FGR documentó exigencias que, en algunos casos, alcanzaron los 150 mil pesos.
La investigación también incluye testimonios de dos excandidatos de Morena en 2021, quienes declararon haber sido privados de la libertad, encapuchados y golpeados. Ambos afirmaron que fueron trasladados a casas de seguridad donde se les obligó a firmar su renuncia a las candidaturas bajo amenazas de muerte. Los denunciantes señalaron directamente al alcalde como responsable de estos hechos, lo que, para la fiscalía, demuestra el uso de la violencia para eliminar adversarios políticos.
Según la FGR, la red delictiva operaba desde el propio ayuntamiento e incluía a funcionarios de áreas clave y a policías municipales que participaban en amenazas, cobros y agresiones. Los involucrados, señala el expediente, formaban parte del organigrama oficial del Gobierno de Tequila, lo que refuerza la acusación de que la estructura criminal estaba incrustada en la administración pública.
El caso adquiere una dimensión mayor por la presencia de Severo Flores Mendoza, conocido como “El Rey Mago”, un policía originario de Tequila que fue señalado en 2022 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con autoridades estadounidenses, Flores Mendoza proporcionaba información y protección al grupo criminal a cambio de sobornos. Para la FGR, su vínculo con la administración municipal es un indicio de la presunta protección del CJNG al esquema encabezado por Rivera Navarro.
Diego Rivera Navarro llegó a la presidencia municipal en octubre de 2024 bajo la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, prometiendo un gobierno honesto y transparente. No obstante, su gestión estuvo marcada por denuncias de empresas tequileras, hoteles y comercios que reportaron cobros excesivos, presiones y extorsiones ligadas a trámites municipales. Incluso enfrentó señalamientos por la clausura y ocupación irregular del Museo Nacional del Tequila.
El alcalde fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana junto con otros funcionarios municipales, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que Rivera Navarro es investigado por encabezar esquemas de extorsión y por su presunta relación con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Para la Fiscalía General de la República, el caso de Tequila no se limita a actos aislados de corrupción, sino a la utilización sistemática del poder público para cometer delitos, en un modelo en el que el ayuntamiento dejó de gobernar y pasó a operar como una organización criminal.
