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El expresidente boliviano Luis Arce fue detenido en La Paz en medio de una creciente ofensiva anticorrupción impulsada por el nuevo gobierno de Rodrigo Paz. Su aprehensión, ejecutada por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y ordenada por la Fiscalía, se vincula a supuestas irregularidades cometidas durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, particularmente en el manejo del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc). La detención generó un fuerte impacto político inmediato y abrió interrogantes sobre el proceso judicial aplicable a exmandatarios.
La Fiscalía investiga presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica relacionados con transferencias de recursos del tesoro público a cuentas personales de dirigentes campesinos, operaciones autorizadas hace más de una década. Entre los casos señalados figura el de la exdiputada Lidia Patty, quien habría recibido cerca de 100 mil dólares para un proyecto agrícola y que, tras ser detenida, señaló directamente a Arce como responsable de avalar la operación.
La captura del exmandatario ocurrió sin notificación previa, según denunció la exministra María Nela Prada, quien calificó el procedimiento como un abuso y recordó que, de acuerdo con la legislación vigente, un expresidente debería enfrentar un juicio de responsabilidades. Prada afirmó que Arce “simplemente fue subido a un minibús de vidrios negros” y trasladado a dependencias policiales.
El vicepresidente Edmand Lara celebró públicamente la detención y afirmó que se investigará a todo exfuncionario implicado en las irregularidades del Fondioc, un programa cerrado tras auditorías que detectaron más de 150 proyectos inconclusos pese a haber recibido financiamiento estatal. Lara sostuvo que “todos los que le han robado a la patria van a devolver hasta el último centavo”.
