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Detienen a dos mujeres por desaparición de Sigifredo Villalba Torres, servidor público de Chilpancingo

La víctima, de 46 años, desempeñaba funciones en el área de oficialía de partes de los juzgados penales de Ciudad Judicial

Osiris “N” y Fernanda “N”, detenidas por autoridades

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La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, informó la detención de Osiris “N” y Fernanda “N” por su probable participación en la desaparición de Sigifredo Villalba Torres, trabajador del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, reportado como desaparecido desde el 7 de enero de 2024.

Villalba Torres, de 46 años, desempeñaba funciones en el área de oficialía de partes de los juzgados penales de Ciudad Judicial, en Chilpancingo. Según los reportes, ese día salió de su domicilio para realizar un retiro bancario en el centro de la ciudad y desde entonces no se tuvo contacto con él. Su vehículo, un Nissan Kicks color rojo, tampoco ha sido localizado.

Tras su desaparición, compañeros de trabajo y familiares realizaron múltiples manifestaciones. El 13 de enero de 2024, alrededor de cien empleados del TSJ marcharon de Ciudad Judicial a la FGE para exigir la búsqueda inmediata de Villalba Torres, solicitando que se revisaran los registros de geolocalización de su teléfono y los videos de los bancos que visitó. Posteriormente, el 29 de enero, familiares y amigos realizaron otra protesta frente al Palacio de Gobierno, exigiendo audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y denunciando la falta de avances en la investigación.

La detención de las dos mujeres se produjo luego de que la FGE reuniera elementos que las señalan como posibles responsables de la desaparición. Tras su aprehensión, Osiris “N” y Fernanda “N” fueron puestas a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, quien definirá su situación jurídica conforme a la ley. La Fiscalía mantiene diversas acciones de búsqueda en coordinación con SEDENA y la Guardia Nacional para localizar al servidor público.

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