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Chilpancingo, Guerrero.— Cuatro servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).
Los detenidos son Ricardo “N”, director del Centro de Comando y Control (C2); José “N”, monitorista de esa instalación, y los policías municipales Gabriel “N” y Olga “N”. La Fiscalía también los identifica como presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana.
Señalan omisiones del C2 y retiro de agentes de Tránsito
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 2026 en el centro de Taxco, donde varios sujetos habrían obligado a una persona, cuya identidad se mantiene reservada, a subir a un vehículo.
La Fiscalía señala que Gabriel “N” y Olga “N” presuntamente ordenaron retirar a elementos de Tránsito Municipal de la zona donde ocurrió la privación de la libertad. También habrían instruido al director y al monitorista del C2 para que no reportaran los hechos a las corporaciones de seguridad.
Según la dependencia, estas acciones habrían facilitado la privación de la libertad de la víctima.
Suman seis funcionarios detenidos en cuatro días
Con estas aprehensiones, suman seis servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco detenidos entre el 16 y el 19 de octubre por su probable participación en casos de secuestro agravado y desaparición forzada.
Los otros dos detenidos son José Carlos “N”, director de Reglamentos del Ayuntamiento, y Gerónimo “N”, policía municipal en activo, investigados por su probable participación en distintos casos de secuestro agravado, según la Fiscalía.
Víctima continúa sin ser localizada
La FGE informó que mantiene las investigaciones para esclarecer los hechos y las acciones de búsqueda para localizar a la víctima.
Los cuatro detenidos serán puestos a disposición del juez de control que emitió las órdenes de aprehensión, quien determinará su situación jurídica.
La Fiscalía precisó que las imputaciones deberán resolverse ante la autoridad judicial y que los detenidos se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria.
