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“Por resultar notoriamente improcedente”, el Congreso Local determinó desechar la solicitud de desafuero presentada por la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves de la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de un presidente municipal de identidad reservada.
La notificación se dio a conocer en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, en la que la Comisión Instructora del Poder Legislativo, después de un “análisis minucioso”, concluyó no continuar con la petición de la FGE de juicio de procedencia por responsabilidad política, penal y civil hacia el alcalde.
El diputado presidente de la Comisión Instructora, Arturo Álvarez Angli, explicó que se determinó improcedente la solicitud por falta de elementos “de forma, para poderle dar trámite”, quedando a “salvo” los derechos de la Fiscalía Estatal para presentar nuevamente la petición.
Cuestionado sobre si la población “nunca” conocerá la identidad del alcalde que enfrenta un procedimiento en la FGE y cuyo desafuero fue solicitado al Congreso Local, se limitó a responder: “Es correcto”, justificando por la secrecía del caso.
De acuerdo con lo informado, el secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso Local, Enrique Solís Ríos, remitió el 1 de abril pasado a la Comisión Instructora la solicitud de juicio de procedencia, enviada por la agente del Ministerio Público Margarita Sánchez Gutiérrez, con anexo de la carpeta de investigación 1202091050000511XXX.
La Comisión Instructora justificó la reserva de identidad del servidor público denunciado “por ser cuestiones de interés público y de secrecía legal, se clasifican como información reservada”, precisó en la lectura del orden del día la diputada secretaria de la Mesa Directiva, María de Jesús Galeana Radilla.
“Se desecha de plano y no se admite la solicitud de declaratoria de procedencia presentada por el Ministerio Público (…) por resultar notoriamente improcedente en términos del tercer párrafo del artículo 27 de la Ley 760 de Responsabilidades Políticas, Penales y Civiles de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero”, agregó.
El dictamen fue remitido como expediente integrado al archivo como asunto “total y definitivamente concluido”, dijo brevemente el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Parrar García.
