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Hoy, Héctor de Mauleón publicó en El Universal el artículo “Infiltración de la policía de Acapulco”, haciendo un recuento del contexto en el que fueron asesinados Samuel Buenfil, jefe de la Policía Auxiliar, y Eduardo Chávez Manzanarez, director de la Policía Vial. Ambos crímenes coinciden con la primera y segunda administración de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, entre 2021 y 2024.
Pero valdría la pena preguntarse: ¿desde cuándo la policía de Acapulco está infiltrada por el crimen organizado? Si hacemos un recuento más amplio que el de Mauleón, las y los acapulqueños recordaremos aquel 27 de enero de 2006, cuando ocurrió una balacera de más de 40 minutos entre cuatro pistoleros que portaban uniformes de la Agencia Federal de Investigación y cuatro policías municipales.
En esa balacera murieron los cuatro pistoleros y el entonces director de la Policía Municipal, Pablo Rodríguez Cruz, mientras que el subdirector Víctor Hugo López y tres transeúntes resultaron heridos.
Luego se descubrió que, más que un enfrentamiento, había sido una ejecución: los uniformados remataron en el piso a los supuestos agentes de la AFI y manipularon la escena para sostener su versión.
Cabe preguntarse si esa policía municipal, recibida apenas un mes antes por el entonces presidente municipal Félix Salgado Macedonio, no estaría ya infiltrada por el cártel de Sinaloa y su jefe regional Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”.
También valdría la pena preguntarse si antes, con Manuel Añorve Baños, con Alberto López Rosas o bajo el gobierno de Zeferino Torreblanca —quien incluso como gobernador llegó a decir que ni quería ni podía combatir al crimen organizado—, la policía municipal no estaba ya infiltrada.
¿Desde cuándo, realmente, el crimen organizado tiene el control de la policía de Acapulco? ¿Tal vez desde la gestión de Añorve, cuando fue presidente interino y, según se dice, contó con apoyo para ganar las elecciones de 2008 y convertirse en presidente constitucional?
Según la vox populi, siendo presidente electo fue llamado por “La Barbie” y algo salió mal, pues cuentan que “La Barbie” le propinó una cachetada. Por esos días se planeaba abrir un bar para adultos en la decadente Zona Roja de Acapulco, cuyo nombre aún se recuerda.
En una nota de SinEmbargo, se responsabiliza al exalcalde fallecido Luis Walton Aburto de entregar al crimen organizado la policía de Acapulco en 2013, cuando el puerto era la segunda ciudad más insegura del mundo.
En 2014, el expresidente Peña Nieto anunció la desaparición de la policía municipal porque ningún elemento pasó las pruebas de confianza, y creó el Mando Único.
Entre 2014 y 2015, había en el puerto mil 300 efectivos de la Gendarmería, además de presencia del Ejército, la Marina y la Policía Estatal, que asumieron la seguridad del municipio.
En 2016, Ricardo Mejía, entonces diputado local, confirmó que la policía de Acapulco seguía coludida con el crimen organizado, luego de que el entonces alcalde, Evodio Velázquez, reinstaló a más de 600 policías que no habían pasado los controles de confianza.
Esta misma policía, sin certificar y sin pasar las pruebas, fue recibida en 2018 por la morenista Adela Román Ocampo. Según declaraciones de la madre buscadora Socorro Gil, fueron esos mismos policías quienes se llevaron a su hijo Jonathan Guadalupe Romero Gil de la cancha de La CROM.
Entonces valdría la pena preguntarse por la memoria tan corta de uno de los columnistas estrella de El Universal. ¿O acaso Mauleón supone que antes de 2021 la policía de Acapulco era ejemplar, y que solo con la llegada de Abelina se corrompió y se coludió con el crimen organizado?
Si hay algo que hace casi imposible reducir la violencia en México, es justamente la infiltración y la extorsión del crimen organizado a los ayuntamientos. Ahí están los ejemplos: la policía de Taxco resultó ser una banda de secuestradores; la policía de Chilpancingo, donde un coronel retirado del Ejército estaba vinculado con Los Ardillos; o la policía de Tala, Jalisco, relacionada con el Rancho Izaguirre de Teuchitlán.
La extorsión y la vinculación de policías municipales con el crimen organizado es más compleja de lo que parece. Este entramado entre Estado y crimen ha generado lo que la pensadora argentina Rita Segato llama la “segunda economía”.
Según Segato, se trata de “un sistema de relaciones de poder que opera al margen de la ley, utilizando la violencia para establecer reglas y mantener el orden. Esta ‘segunda economía’ no es solo un mercado ilegal, sino una red de relaciones sociales y políticas construida a través de la violencia y el control territorial”.
Sanear las policías municipales requiere una estrategia de largo plazo, más allá de la Estrategia Nacional de Seguridad y sus cuatro ejes: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación; y coordinación con las entidades federativas.
Haría falta un quinto eje: sanear a las policías municipales del país.
