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Ciudad de México.- La crisis de desapariciones en México ha roto la barrera de la diplomacia ordinaria para convertirse en un expediente de urgencia internacional. La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU de llevar la situación de México ante la Asamblea General ha encendido las alarmas en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, que ha respondido con una narrativa de resistencia soberanista frente a lo que considera un "ataque" a su gestión.
Para el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), que agrupa a más de 90 colectivos, la activación del Artículo 34 de la Convención no es un agravio, sino una "oportunidad histórica". Sin embargo, el Estado mexicano parece haber optado por la confrontación antes que por la autocrítica.
El muro de la narrativa oficial
En una maniobra de respaldo total a la Presidencia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, calificó como "muy grave" que el organismo internacional no valorara las supuestas pruebas presentadas por el Estado. Bajo el argumento de que el informe "extrapola" hechos del periodo 2009-2017 a la realidad actual, el bloque oficialista intenta sacudirse la responsabilidad de los cuerpos que siguen apareciendo en el presente.
"En la actualidad, el Gobierno Federal no reprime ni desaparece", afirmó Brugada, reviviendo el fantasma del "antiguo régimen" de Felipe Calderón para justificar las carencias del actual.
Incluso, la administración capitalina fue más allá al tildar las conclusiones de la ONU como instrumentos que sirven a "intereses injerencistas" y que buscan vulnerar la soberanía nacional, una retórica que recuerda los momentos más tensos del nacionalismo defensivo.
Las cifras que el Gobierno intenta matizar
Pese al rechazo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Segob a la existencia de una práctica "sistemática y generalizada", los datos crudos del CED —basados en información recopilada hasta inicios de 2026— dibujan un panorama de horror que no admite otros datos:
- La cifra del espanto: 28,880 personas desaparecidas tan solo entre enero de 2023 y abril de 2025.
- El mapa de la muerte: Hallazgo de más de 4,500 fosas clandestinas con miles de restos humanos.
- El colapso forense: Cerca de 72,000 restos humanos sin identificar acumulados hasta principios de este año.
Para el Comité de la ONU, existen "indicios bien fundados" de que estos delitos se siguen perpetrando como crímenes de lesa humanidad, señalando una posible colusión entre autoridades y el crimen organizado que el Gobierno niega tajantemente.
Diálogo roto y sillas vacías
El MNDM denunció que, tras un impulso inicial, el Estado ha dejado caer la continuidad de las políticas públicas. Mesas de trabajo acordadas han sido aplazadas y la reunión prometida con la presidenta Sheinbaum sigue sin concretarse.
Mientras organizaciones como Amnistía Internacional respaldan la intervención de la ONU ante una crisis que afecta a más de 132,000 familias, el Estado mexicano prefiere cuestionar la metodología del organismo internacional. El debate, insisten las familias, no debería ser sobre la semántica de la soberanía, sino sobre "encontrar, identificar y regresar a casa" a quienes faltan.
