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Ciudad de México. | Una controversia constitucional y un desencuentro político sacudieron al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo esta semana, luego de que el Senado de la República aprobara una reforma a la Ley de Amparo con una cláusula que la propia mandataria calificó de inconstitucional.
El centro de la polémica es un artículo transitorio que dota a la nueva legislación de efectos retroactivos, una adición que no estaba en la propuesta original de la presidenta y que, según reportes de medios, fue impulsada directamente por la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y ejecutada por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López.
Sheinbaum pone un alto: "la Constitución es clara"
Tras la aprobación de la reforma en la Cámara Alta con 70 votos a favor, Sheinbaum se vio obligada a intervenir públicamente para corregir el rumbo. En su conferencia matutina del jueves, la presidenta emitió una orden clara a la Cámara de Diputados: eliminar la disposición de retroactividad.
“La Constitución es clara: no puede haber retroactividad de la ley cuando afecta derechos. Tenemos que respetar el marco constitucional y la seguridad jurídica de los ciudadanos”, sentenció Sheinbaum, citando el artículo 14 constitucional que prohíbe aplicar leyes de forma retroactiva en perjuicio de cualquier persona.
El señalamiento de la mandataria expuso una inusual fractura interna, evidenciando que una instrucción emanada de su propia oficina —a través de Godoy— fue contrarrestada por su propia voz.
El peligro de la retroactividad
La Ley de Amparo es el mecanismo jurídico fundamental que permite a los ciudadanos impugnar actos del gobierno que violen sus derechos humanos. Su reforma busca modernizar la norma, pero el artículo añadido al final del proceso legislativo abre una caja de Pandora legal.
Expertos y legisladores advierten que permitir la aplicación retroactiva de la ley podría tener consecuencias graves, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de miles de personas. El principal temor es que se puedan revocar suspensiones o derechos ya concedidos por jueces federales a ciudadanos que han acudido al amparo para protegerse de actos de autoridad.
Incluso el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, reconoció que la actual redacción de la reforma "sí es violatoria" de la Carta Magna, sumándose al llamado de la presidenta.
La última palabra: diputados corregirán la ley
Ahora, la Cámara de Diputados tiene la encomienda de revisar y acatar la instrucción presidencial. Se espera que, para preservar la constitucionalidad de la ley y evitar una ola de futuras controversias legales, los legisladores procedan a eliminar el polémico artículo transitorio.
La acción de Sheinbaum subraya su postura de garantizar el cumplimiento estricto de la Constitución, incluso cuando implica corregir una ruta impulsada por operadores políticos y jurídicos de su propio círculo.
