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Monterrey, Nuevo León.— La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) denunció extorsiones, cobros indebidos y abusos sistemáticos contra el autotransporte de carga por parte de autoridades municipales, así como de servicios de grúas y corralones, principalmente en los municipios de San Pedro Garza García, García y Ciénega de Flores, en la zona metropolitana de Monterrey.
En conferencia de prensa realizada en Monterrey, dirigentes del organismo advirtieron que estas prácticas afectan gravemente el libre tránsito, encarecen la operación del sector y generan un impacto negativo en la economía y en la cadena logística de Nuevo León, entidad clave para el comercio nacional y el tránsito hacia Estados Unidos.
Gustavo Guzmán Romero, secretario de Organización de Conatram, señaló que los transportistas enfrentan detenciones arbitrarias, revisiones ilegales y el uso de grúas como mecanismo de presión para exigir pagos indebidos por supuestas infracciones que, en muchos casos, no ameritan sanción. Añadió que esta situación ha provocado que empresas de autotransporte eviten circular por el estado ante el riesgo de pérdidas millonarias.
Durante el encuentro también participó Diego Bolio Corona, delegado de Conatram en Jalisco y presidente de la Comisión de Grúas del organismo, quien expuso que existe una anarquía en el servicio de grúas y corralones, con tarifas desproporcionadas que pueden alcanzar miles de pesos en pocos días de resguardo, además del cobro de maniobras que no se realizan. Indicó que algunos permisionarios y concesionarios operan sin cumplir con todos los requisitos legales, ante la falta de supervisión efectiva.
La Confederación solicitó la instalación inmediata de una mesa de trabajo con la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León y con los presidentes municipales de la zona metropolitana, para frenar los abusos, sancionar a los malos elementos de tránsito y avanzar en la homologación de la Ley de Movilidad estatal, los reglamentos municipales y las tarifas de grúas y corralones. Asimismo, pidió coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para inspeccionar a los prestadores del servicio y retirar de operación a quienes actúen fuera del marco legal.
Los transportistas también denunciaron que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizan operativos que derivan en detenciones arbitrarias y afectaciones al libre tránsito, al asumir funciones que corresponden a autoridades de tránsito municipal.
Conatram subrayó que no busca impunidad ni trato preferencial, sino la aplicación estricta de la ley. Exigió que las infracciones reales se sancionen conforme a derecho, se permita el pago en los términos legales y se garantice la liberación inmediata de las unidades, evitando el uso indiscriminado de grúas y corralones.
Durante la conferencia se expusieron casos representativos, como la presunta exigencia de 20 mil pesos a un operador en San Pedro Garza García para evitar una infracción, así como el cobro de hasta 270 mil pesos a un empresario transportista por una multa y el arrastre de su unidad a un corralón.
Finalmente, los dirigentes recordaron que en julio de 2024 el sector realizó una caravana con más de mil 500 vehículos pesados para denunciar estas prácticas, lo que permitió avances en varios municipios. No obstante, advirtieron que los abusos persisten en algunas demarcaciones, por lo que reiteraron su llamado a las autoridades estatales y municipales para intervenir de manera decidida.
