Table of Contents
El Centro Comunitario Gú’wa Kúma, conocido como “La Casa de los Saberes”, celebró su cuarto aniversario con una marcha encabezada por su fundadora, Inés Fernández Ortega, en un contexto marcado por denuncias de abandono institucional y persistente violencia en la región.
El centro, ubicado en la colonia Benito Juárez, fue creado como una medida de reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tras la sentencia emitida contra el Estado mexicano por la tortura sexual que Fernández sufrió a manos de militares en 2002. Desde su apertura en septiembre de 2021, el espacio ha brindado atención integral a mujeres indígenas víctimas de violencia, con servicios jurídicos, psicológicos, médicos y de trabajo social.
La marcha de este miércoles inició en la unidad deportiva de Ayutla y reunió a mujeres, estudiantes, viudas de la masacre de El Charco y víctimas de la violencia regional. El recorrido coincidió con un despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército en la zona, lo que motivó a las participantes a corear consignas contra la violencia y la impunidad. La movilización concluyó en las instalaciones del centro, donde se recordó la lucha de Fernández Ortega y la importancia del espacio como referencia comunitaria.
En el acto, Noemí Prisciliano Fernández, hija de Inés y actual abogada del centro, denunció que el gobierno ha incumplido los compromisos derivados de la sentencia de la Corte IDH. Señaló que no existe un fondo específico para garantizar el pago de salarios ni la operación del inmueble, lo que obliga a que seis mujeres voluntarias, conocidas como “embajadoras”, sostengan las actividades con recursos limitados.
Desde 2021, el Gú’wa Kúma ha atendido a más de 500 mujeres y ha organizado más de 30 asambleas comunitarias en distintos municipios de la Costa Chica y Montaña de Guerrero. Además, en 2022 abrió un albergue para estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad provenientes de comunidades indígenas, con el objetivo de ofrecer hospedaje y alimentación a jóvenes que migran a Ayutla para continuar sus estudios.
La Corte IDH estableció que el Estado mexicano violentó los derechos de Inés Fernández y de su familia, entre ellos el acceso a una vida libre de violencia, la integridad personal y el debido proceso. Como parte de las medidas de reparación, se ordenó la creación de un centro que atendiera a mujeres en su lengua materna. Actualmente, el personal del Gú’wa Kúma ofrece servicios en me’phaa y mixteco, además de español, para garantizar el acceso a la justicia en contextos indígenas.
