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Ciudad de México.- El joven Edson Andrade, rostro visible de la marcha de la llamada Generación Z, anunció esta semana que abandonará México. En un video difundido en redes sociales aseguró que, según su versión, enfrenta una situación de riesgo atribuible directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien responsabilizó de una “persecución” en su contra.
“La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum ha llegado tan lejos —señaló— que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país”. Andrade afirmó que el gobierno busca criminalizarlo exhibiendo un contrato que, asegura, forma parte de su trabajo profesional y no de una operación política.
Minutos después de su mensaje, la respuesta oficial llegó desde la dirigencia de Morena. Luisa Alcalde, presidenta del partido, reveló que Andrade fue contratado por el PAN en febrero de 2025 por 2 millones 106 mil 810 pesos, divididos en 12 pagos mensuales, para la prestación de “servicios de estrategia digital y gestión de redes”. Acompañó su señalamiento con copia del contrato y un mensaje dirigido a quienes presentaron al joven como activista apartidista.
“El joven ‘apartidista’ fue contratado por el PAN. Qué coincidencia —ironizó Alcalde—, justo después de que Jorge Romero, líder panista, dijera que a la oposición solo le faltaba la violencia”.
La divulgación del contrato encendió la confrontación. Andrade respondió que su trabajo con Acción Nacional no determina su postura política y acusó al gobierno federal de usar la revelación para desacreditar la marcha y justificar acciones legales en su contra. “Buscan criminalizarme por trabajar —dijo— con un contrato que no tiene nada que ver con mis opiniones personales”.
Entre la incertidumbre por su salida del país y el cruce de acusaciones, Andrade insistió en que no huye, sino que se reubica para “seguir luchando”. Cerró su mensaje con un llamado que intenta resonar entre los jóvenes movilizados: “Cuando un pueblo pierde el miedo, ningún poder puede detenerlo. Y ya no tenemos miedo”.
El caso abre un nuevo capítulo en la disputa sobre la marcha de la Generación Z: un movimiento que, entre reclamos legítimos, lecturas políticas y operaciones partidistas, se ha convertido en un punto de tensión directa entre el gobierno federal y la oposición.
