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Chilpancingo, Guerrero.— La defensa jurídica del dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), Jesús Plácido Galindo, informó que presentó un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, al sostener que durante el procedimiento se cometieron diversas violaciones al debido proceso y que la acusación carece de pruebas suficiente.
En conferencia de prensa, los abogados Aarón Díaz y Rogelio Teliz, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, así como Javier Rodríguez, de la Misión Civil de Observación Sexta, explicaron que el recurso fue presentado el martes ante el Tribunal Superior de Justicia y confiaron en que la Sala Penal Unitaria revise las irregularidades cometidas y revoque la vinculación a proceso.
El abogado Aarón Díaz explicó que la defensa busca que el tribunal "tome en cuenta todas las pruebas que se presentaron por parte de la defensa y, ante todo, reivindicar a Jesús Plácido Galindo como un defensor comunitario", al considerar que el juez de control no valoró elementos fundamentales durante la audiencia.
Defensa afirma que el caso fue reactivado cinco años después y se sostiene en dos testimonios
Los abogados señalaron que la carpeta de investigación fue iniciada por hechos ocurridos en 2021, pero permaneció prácticamente sin movimiento durante varios años y fue reactivada el 3 de junio de 2026, cuando una mujer identificada como Josefina N. declaró que Jesús Plácido había participado en el asesinato de su padre. De acuerdo con la defensa, fuera de esa declaración únicamente existe el testimonio de otro hombre que falleció en 2022, por lo que consideran que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.
Aarón Díaz aseguró que existen contradicciones importantes dentro de la propia carpeta de investigación, pues la esposa de la víctima declaró meses después del homicidio que desconocía quién era el responsable, mientras que la nueva testigo aseguró haber identificado a Jesús desde el día de los hechos.
"Es increíble que pasaran cinco años sin que el Ministerio Público realizara actos de investigación y, de pronto, con una sola entrevista, se reactive toda la carpeta y se solicite una orden de aprehensión", sostuvo el abogado durante la conferencia.
La defensa también argumentó que la evidencia pericial contradice la versión presentada por la Fiscalía respecto a la forma en que ocurrió el homicidio y aseguró que esas inconsistencias fueron expuestas ante el juez, sin que fueran tomadas en consideración.
Señalan que el juez ignoró pruebas y las medidas de protección del dirigente indígena
Los abogados señalaron además que el juez no tomó en cuenta que Jesús Plácido Galindo está incorporado desde el 4 de enero de 2024 al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, reconocimiento otorgado por el Estado mexicano debido a su labor como defensor comunitario.
Durante la conferencia incluso mostraron un oficio enviado por la propia Fiscalía General del Estado al mecanismo de protección en 2025, en el que se informaba que no existían investigaciones que relacionaran a Plácido Galindo con delitos graves, situación que, a juicio de la defensa, contradice la acusación presentada este año.
Asimismo, denunciaron que durante la audiencia inicial hubo dificultades para que Jesús Plácido pudiera comunicarse con el intérprete en lengua indígena, lo que consideran otra violación al debido proceso.
Esposa relata la detención; asegura que fue un operativo dirigido
La esposa del dirigente, Aurea Oropeza Calderón, narró que el día de la detención ambos viajaban hacia Acapulco después de que, según dijo, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, insistiera en que Jesús acudiera a una reunión.
Al llegar a un retén cercano a San Marcos, afirmó, fueron interceptados por un numeroso operativo de seguridad.
"Fueron más de 40... empezaron a esposarlo, le dijeron que tenía orden de aprehensión por secuestro, homicidio y crimen organizado; ya no me dejaron hablar con él", relató Aurea Oropeza al recordar el momento de la captura.
La esposa del dirigente sostuvo que el retén no era una revisión de rutina, sino un operativo dirigido específicamente para detener a Jesús Plácido Galindo.
Acusan campaña para criminalizar al dirigente del CIPOG-EZ
Por su parte, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, insistió en que la detención responde a una decisión política y aseguró que existe una estrategia para desacreditar al dirigente indígena después de las denuncias realizadas por el CIPOG-EZ sobre la violencia contra comunidades de Chilapa.
El abogado Javier Rodríguez también cuestionó que durante la detención se hablara públicamente de delitos como delincuencia organizada y secuestro.
"Es mentira. La carpeta en la que estamos haciendo la defensa únicamente corresponde a un delito del fuero común; no existe ninguna acusación por delincuencia organizada o secuestro", afirmó.
La defensa informó que ahora corresponderá a la Sala Penal Unitaria resolver la apelación. Aunque el plazo puede extenderse por varios meses, los abogados confiaron en que el tribunal revoque la vinculación a proceso y ordene la libertad del dirigente indígena.
