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Ciudad de México.- Un decreto publicado en agosto de 2022 para otorgar una “compensación vitalicia” a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) generó un pasivo estimado en casi 27 mil millones de pesos hasta 2086. El programa fue impulsado por el entonces vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas y, según el libro Ni venganza ni perdón, se usó con fines políticos y sin sustento jurídico ni financiero suficiente.
El decreto se presentó como un acto de justicia social para personas que quedaron sin empleo tras la desaparición de LyFC en 2009. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios ya había recibido una liquidación conforme a la ley. Una fe de erratas publicada días después amplió los criterios para incluir a personas ya indemnizadas, lo que modificó las reglas originales del programa.
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De acuerdo con el texto de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, Ramírez Cuevas encabezó la gestión del programa y tuvo un papel clave para que se aprobara. El presidente López Obrador lo designó públicamente como responsable del tema en 2021. A partir de esa encomienda, se realizaron reuniones con Hacienda, Gobernación, el Indep y la Consejería Jurídica.
El padrón oficial registró 7 mil 133 beneficiarios al cierre de 2023. Ese año el gasto ejercido fue de 3 mil 537 millones de pesos. Cada persona recibe un pago mensual, un monto adicional anual y un seguro de vida por 350 mil pesos. Las mujeres reciben el 100% del beneficio como acción afirmativa. Gobernación coordina el programa y el Indep lo ejecuta, pero ambas dependencias han señalado falta de recursos para sostenerlo.
Un estudio actuarial del Indep calculó que el compromiso total llegará a casi 27 mil millones de pesos. Además, el organismo reportó la condonación de cartera hipotecaria por más de 6 mil millones de pesos y la entrega gratuita de inmuebles a dependencias federales y a la CFE.
El programa también generó conflictos sindicales. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) denunció que el decreto se negoció con grupos sin representación legítima y que hubo intervención para imponer liderazgos afines. Esto provocó divisiones internas entre los extrabajadores.
En mayo de 2024, un grupo encabezado por Rosendo Flores manifestó públicamente su apoyo a Clara Brugada en un acto del Día del Trabajo y agradeció a Jesús Ramírez su intervención. En ese evento se pidió crear una nueva empresa eléctrica para absorber a personas aún desempleadas.
El libro señala que el uso del decreto sentó un precedente: personas ya liquidadas accedieron a un segundo beneficio con recursos públicos. También advierte que las modificaciones al decreto podrían contradecir principios de legalidad y equidad presupuestaria.
