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Tijuana, B.C. — El pulso entre el Estado y el crimen organizado escaló a un nuevo nivel de sofisticación y violencia en Baja California. La noche del miércoles, la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro en Playas de Tijuana fue atacada con una lluvia de explosivos artesanales lanzados por drones, una táctica que marca un preocupante hito en la ofensiva de la delincuencia.
El asalto a la base neurálgica de la Fiscalía ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas, causando daños materiales significativos pero, milagrosamente, ninguna persona herida. La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, confirmó la naturaleza del ataque en una inusual conferencia de prensa ofrecida en la madrugada del jueves.
El 'armamento' hechizo
La autoridad descartó el uso de granadas o explosivos convencionales. En su lugar, el ataque se perpetró con dispositivos que la Fiscal describió como "hechizos":
"Son unas botellas de plástico que contienen clavos, balines, fragmentos de metales... fueron trasladados desde una distancia considerable mediante drones y se accionaron con pólvora, con la finalidad de expandir los fragmentos metálicos contenidos en su interior."
Esta confirmación subraya la capacidad de adaptación de los grupos criminales, que ahora emplean tecnología aérea no tripulada para ejecutar ataques quirúrgicos a distancia y maximizar el daño con metralla artesanal.
Mensaje directo y declaración de guerra
El saldo material incluyó daños en bienes inmuebles y en seis vehículos (cuatro particulares de empleados y dos oficiales), cuyas carrocerías y vidrios quedaron marcados con impactos de metralla.
Andrade Ramírez no dudó en interpretar el ataque como una "reacción" directa y virulenta del crimen organizado a los recientes logros de la FGE, incluyendo "la captura de líderes criminales y la desarticulación de grupos generadores de violencia".
La respuesta de la Fiscalía fue inmediata y desafiante:
"Ningún ataque detendrá el trabajo de investigación ni el compromiso con la justicia. Esta institución va con todo, caiga quien caiga."
La FGE ha activado protocolos de seguridad y colaboración con otras instancias de gobierno para dar con los responsables de este asalto, que eleva el riesgo de seguridad para el personal ministerial y expone una peligrosa evolución en la táctica de agresión del narco contra las instituciones de justicia.
