Table of Contents
A un año del inicio de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, el saldo documentado es de más de mil 700 personas asesinadas, más de mil desaparecidos y miles de reportes por robo de vehículos. El conflicto estalló tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada García, presuntamente entregado de manera ilegal a autoridades estadounidenses por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, entre octubre de 2024 y junio de 2025 se han registrado mil 538 homicidios dolosos, mil 100 personas no localizadas y 5 mil 784 reportes de robo de vehículos. Junio se posicionó como el mes más violento del último lustro, con 207 asesinatos, mientras que solo en los primeros 22 días de julio se contabilizan 131 homicidios.
La guerra entre las facciones denominadas “La Mayiza”, leales a Zambada, y “Los Chapitos”, encabezada por los hijos de El Chapo, ha generado una respuesta federal sin precedentes. Más de 11 mil elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina han sido desplegados en distintos municipios como Culiacán, Mazatlán, Navolato, Concordia y Cosalá.
En ese mismo periodo, el gabinete de seguridad federal reportó la detención de mil 487 personas presuntamente vinculadas al crimen organizado, así como el aseguramiento de más de 3 mil armas de fuego y 53 mil 602 kilogramos de estupefacientes. La Secretaría de Marina, por su parte, informó la incautación de mil 622 millones de pesos en efectivo, mil kilos de fentanilo, 7 mil 358 kilos de cocaína, 3 mil 381 kilos de marihuana, y la destrucción de más de 100 narcolaboratorios.
El conflicto se originó el 25 de julio de 2024, cuando Ismael Zambada acudió a una reunión en el rancho Huertos del Pedregal, donde presuntamente fue traicionado y entregado a agentes del FBI en un operativo no autorizado por el gobierno mexicano. En el mismo lugar fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense, cuya muerte fue inicialmente atribuida a un intento de asalto, versión posteriormente desestimada por la Fiscalía General de la República.
Zambada García actualmente se encuentra recluido en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y portación de armas. Una audiencia programada para el 25 de agosto podría derivar en un acuerdo de cooperación con autoridades estadounidenses. Entre los posibles testigos en su contra figuran los hijos de El Chapo.
Las consecuencias de esta disputa se han manifestado no solo en el aumento de la violencia, sino también en detenciones diferenciadas entre facciones. Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indican que entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 han sido detenidos 23 operadores de los Mayos y 72 de los Chapitos. Operativos recientes han culminado en la captura de figuras como “El 200” y “El Güerito Cannobio”, ambos vinculados con los hijos del Chapo.
En contraste, las acciones contra la facción de los Mayos han sido menos visibles. En los últimos meses se reportó la muerte de Jesús Norberto “El 30”, presunto operador de esta organización, y del comandante Nitro, agente estatal presuntamente relacionado con los Chapitos.
Paralelamente, continúan las dudas sobre la posible participación o conocimiento del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en los hechos del 25 de julio de 2024. Una carta atribuida a Zambada, y corroborada parcialmente por la FGR, señala la presencia del gobernador en la reunión donde fue capturado el líder criminal. Rocha ha negado los señalamientos y afirmó estar en un viaje en California en esa fecha, aunque no se han presentado pruebas concluyentes.
Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que, desde septiembre de 2024, se ha identificado cercanía entre el gobernador y colaboradores con miembros de Los Chapitos. Esta situación ha provocado un distanciamiento progresivo del mandatario en reuniones del gabinete de seguridad.
En este contexto, organizaciones civiles han denunciado el estado de indefensión en el que se encuentra la población sinaloense ante la violencia generalizada, mientras que las autoridades continúan con operativos focalizados en municipios con alta incidencia delictiva.
A un año del inicio de esta confrontación, no se vislumbra una disminución sostenida en los índices de violencia, y los esfuerzos federales no han logrado restablecer plenamente la gobernabilidad en las regiones afectadas.
