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La Habana.- El gobierno de Cuba declaró una “emergencia internacional” tras la entrada en vigor del decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que autoriza la imposición de aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a la isla, en un momento marcado por una severa crisis energética.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que la política de Washington constituye “una amenaza inusual y extraordinaria” que no solo afecta a Cuba, sino a la seguridad y la política exterior de otros países, así como a la paz y la estabilidad internacionales. En un mensaje difundido en la red social X, sostuvo que esta ofensiva proviene “total o sustancialmente de la derecha neofascista anticubana” asentada en Estados Unidos.
Rodríguez advirtió que el alcance de la medida va más allá del ámbito bilateral y representa un peligro para la comunidad internacional en su conjunto, al tiempo que agrava riesgos globales como el cambio climático y la amenaza nuclear. “Por estas razones, Cuba ha decidido declarar una emergencia internacional frente a dicha amenaza”, señaló.
El jueves, Trump firmó el decreto que entró en vigor a la medianoche, con el que su administración se reserva la facultad de gravar importaciones de cualquier país que mantenga vínculos energéticos con La Habana. El mandatario justificó la decisión bajo el argumento de que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
Aunque posteriormente afirmó que no busca “ahogar” a la isla, Trump sostuvo que Cuba “no podrá sobrevivir”, sin hacer referencia al impacto acumulado del bloqueo económico impuesto por Washington desde hace más de seis décadas, ni a sus efectos sobre la población civil.
Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel condenó la nueva medida y la calificó como una prueba más del carácter “fascista, criminal y genocida” de un grupo político que, afirmó, ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense para fines propios.
La decisión de Trump marca una nueva escalada en la política de sanciones contra Cuba y profundiza el aislamiento económico de la isla, al trasladar el costo del bloqueo a terceros países. Para el gobierno cubano, se trata de un intento deliberado de asfixia económica que amenaza no solo su soberanía, sino el equilibrio y la legalidad del sistema internacional.
