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Washington D. C..- Mientras Donald Trump insiste en colocar a México en el centro de su retórica de mano dura, un bloque amplio del Congreso de Estados Unidos decidió trazar una línea roja. Setenta y cinco legisladores enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, para advertir que cualquier acción militar unilateral —ya sea en Venezuela o en territorio mexicano— sería ilegal, contraproducente y políticamente irresponsable.
El mensaje no sólo cuestiona una hipotética intervención armada, sino el uso deliberado de la amenaza militar como instrumento discursivo. Los congresistas acusan al presidente de sostener, sin sustento constitucional, que podría ordenar ataques en México sin autorización del Congreso, una afirmación que califican de falsa y peligrosa.
La misiva recuerda que Trump ha normalizado ese lenguaje. En entrevistas recientes con Fox News y Político, el mandatario sugirió que los cárteles “controlan” México y que Estados Unidos tendría que “hacer algo”, llegando incluso a afirmar que consideraría tomar medidas militares directas. Para los firmantes, ese discurso no es retórico: es una señal de alarma.
Desde su perspectiva, una acción militar contra México no sólo violaría la soberanía de un país vecino, sino que rompería una relación estratégica clave en un momento de alta tensión global. México, subrayan, no es un adversario sino el principal socio comercial de Estados Unidos y un aliado central en seguridad fronteriza, migración y combate al crimen organizado.
El contraste entre la narrativa de la Casa Blanca y los datos resulta uno de los ejes del documento. Los legisladores destacan que, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, la cooperación bilateral se ha intensificado, no debilitado. Lejos de la imagen de un Estado ausente, México ha incrementado extradiciones, fortalecido su aparato de inteligencia y registrado avances en la reducción de homicidios y en el combate al fentanilo.
En febrero, recuerdan, el gobierno mexicano extraditó a 29 personas reclamadas por la justicia estadunidense, una de las mayores entregas de presuntos integrantes de cárteles en la historia del país. En agosto siguió otra extradición masiva de 26 reclusos. A ello se suman incautaciones récord de fentanilo y reformas legales para prohibir su producción y la de sus precursores químicos.
El documento también pone el acento en lo que Trump omite: los costos para Estados Unidos. Una intervención militar, advierten, sacudiría el comercio bilateral del que dependen millones de empleos estadunidenses. La inversión extranjera directa en México superó los 14 mil 500 millones de dólares en 2025, y más de cinco millones de puestos de trabajo en Estados Unidos están ligados al intercambio con su vecino del sur.
Desde el punto de vista de seguridad, la advertencia es aún más severa. Una acción unilateral, señalan, destruiría la confianza construida durante décadas y haría más difícil —no más fácil— combatir a las organizaciones criminales transnacionales, cuya operación depende justamente de redes que cruzan la frontera.
El trasfondo político es claro: en plena competencia global y con una relación bilateral en fase de recomposición, el uso del amago militar contra México aparece, para estos legisladores, más como una apuesta de consumo interno que como una estrategia viable de seguridad nacional.
Por ello, el Congreso no se limita a exhortar a la prudencia. Exige un compromiso explícito: que la administración se abstenga de cualquier acción militar unilateral en México sin autorización legislativa. En otras palabras, que la política exterior no se convierta en rehén del discurso electoral ni de impulsos que, de concretarse, tendrían consecuencias difíciles de revertir.
