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Acapulco, Guerrero.- El gobierno municipal de Cuajinicuilapa, encabezado por Hildeberto Salinas Mariche, concentra 55 millones 288 mil pesos de su presupuesto 2026 en el rubro denominado “Coordinación de la Política de Gobierno”, sin que el estado analítico disponible permita conocer con claridad qué dependencias, programas, salarios, contratos o actividades están incluidos dentro de esa bolsa.
La cifra representa aproximadamente 44.5 por ciento de todo el presupuesto municipal modificado, que al cierre de junio ascendía a 124 millones 187 mil pesos.
El dato adquiere mayor relevancia por el contexto reciente del municipio, gobernado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que entre finales de 2024 y buena parte de 2025 atravesó una escalada de violencia que alcanzó directamente a su estructura política y administrativa.
Bajo Palabra documentó asesinatos, desapariciones, cierre de comercios, suspensión de clases y ataques contra funcionarios. El entonces tesorero municipal abandonó Cuajinicuilapa después de que hombres armados incendiaron su vivienda y vehículo, mientras que en enero de 2025 fue asesinado Miguel Ángel Ventura Medel, director municipal de Cultura. La violencia también llevó a la cancelación de la Feria Expo 2025.
Casi la mitad del presupuesto, concentrado en política de gobierno
El presupuesto originalmente aprobado para “Coordinación de la Política de Gobierno” fue de 54 millones 172 mil pesos y para el segundo trimestre había aumentado a 55 millones 288 mil pesos. Hasta junio se habían devengado 25 millones 397 mil pesos.
El monto contrasta de manera notable con el ejercicio anterior.
Al 30 de septiembre de 2025, la misma función registraba un presupuesto modificado de 9 millones 511 mil pesos. Para 2026, el presupuesto aprobado en ese rubro superó los 54 millones. Es decir, la cantidad consignada en esta clasificación creció casi seis veces de un ejercicio al otro.
Ese salto presupuestario requiere una explicación pública.
La denominación “Coordinación de la Política de Gobierno” corresponde a una clasificación funcional del gasto y no significa necesariamente operación política partidista o electoral. Puede incluir funciones administrativas y de conducción del gobierno municipal, pero si no se aclara genera dudas razonables en cómo está ejerciendo público el presidente municipal de Cuajinicuilapa.
El problema es precisamente que el documento disponible no permite saber qué integra esos 55 millones: cuánto corresponde a nómina, servicios, materiales, combustible, asesorías, contratos o funcionamiento de las distintas áreas del Ayuntamiento.
De la crisis de violencia a un gasto de 55 millones sin suficiente desglose
La cifra adquiere otra dimensión cuando se coloca frente a la crisis que atravesó Cuajinicuilapa.
Entre agosto de 2024 y abril de 2025, la violencia llegó a alterar la vida cotidiana y el funcionamiento institucional del municipio. Hubo funcionarios desplazados, amenazas, asesinatos, suspensión de clases y actividades públicas canceladas.
Después, la intensidad de aquella crisis dejó de ocupar con la misma frecuencia la agenda pública y la actividad gubernamental comenzó a normalizarse.
¿Qué cambió?
No existe información pública que permita afirmar que el incremento del presupuesto para “Coordinación de la Política de Gobierno” esté relacionado con la disminución de la violencia, ni sería responsable establecer esa relación sin pruebas.
Pero la coincidencia temporal sí abre preguntas legítimas: ¿qué cambió en la estructura y operación del Ayuntamiento después de la crisis?, ¿por qué esta función pasó de 9.5 millones modificados en 2025 a más de 55 millones en 2026?, ¿qué dependencias y conceptos fueron incorporados a esa clasificación?, ¿en qué se están gastando concretamente esos recursos?
La discusión es especialmente relevante porque la crisis no fue solamente de seguridad, sino también de gobernabilidad. Bajo Palabra reportó incluso que el alcalde de Cuajinicuilapa presentó una solicitud de licencia en medio de las amenazas que enfrentaban autoridades de la región.
Más de 10 millones en ampliaciones sin explicación clara
En términos generales, el presupuesto municipal pasó de 113 millones 513 mil pesos originalmente aprobados a 124 millones 187 mil pesos modificados al cierre del primer semestre.
Las ampliaciones presupuestarias no constituyen por sí mismas una irregularidad. Pueden obedecer a mayores participaciones, aportaciones federales o adecuaciones presupuestarias.
La debilidad está en que el estado analítico revisado permite observar el movimiento de los recursos, pero no explica de manera accesible por qué se modificaron, de dónde provinieron y qué acciones concretas financiarán.
Más recursos sociales, pero bajo ritmo de ejecución
Desarrollo Social pasó de un presupuesto aprobado de 49.3 millones a 58 millones de pesos, principalmente por ampliaciones destinadas a Vivienda y Servicios a la Comunidad.
Sin embargo, al 30 de junio se habían devengado apenas 16.8 millones de pesos en Desarrollo Social. En Vivienda y Servicios a la Comunidad, de 49.3 millones modificados se habían devengado 14.8 millones.
El ritmo de ejecución no constituye todavía un subejercicio definitivo porque el año fiscal no ha terminado, pero sí plantea otra interrogante sobre la capacidad municipal para convertir el presupuesto aprobado y ampliado en acciones y servicios.
Cultura recibe 620 mil pesos; Turismo, cero
El contraste más evidente aparece al comparar las prioridades presupuestarias.
Mientras “Coordinación de la Política de Gobierno” dispone de 55.2 millones de pesos, para Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales se asignaron solamente 620 mil pesos para todo 2026.
En Turismo, el estado analítico registra cero pesos, al igual que en Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
El dato resulta particularmente significativo en un municipio con fuerte identidad cultural afromexicana y donde la propia violencia golpeó directamente al sector cultural con el asesinato del director municipal de Cultura y la cancelación de actividades comunitarias.
Eso no significa necesariamente que no existan acciones de turismo, campo o cultura financiadas desde otras partidas. Significa que la clasificación publicada no permite identificar una asignación funcional específica para esos sectores, mientras concentra decenas de millones en una categoría mucho más amplia de conducción política y administrativa.
Publicar cifras no basta si no se puede seguir el dinero
Cuajinicuilapa sí publica estados financieros que permiten conocer cuánto presupuesto fue aprobado, cuánto se modificó y cuánto se ha devengado.
Pero la transparencia comienza a debilitarse cuando se intenta dar el siguiente paso: seguir el dinero hasta conocer exactamente quién lo ejerce, en qué concepto y con qué propósito.
El Ayuntamiento tendría que explicar por qué “Coordinación de la Política de Gobierno” pasó de 9.5 millones de pesos modificados en septiembre de 2025 a más de 55 millones en 2026, y qué componentes administrativos justifican una diferencia de esa magnitud.
Sobre todo porque el crecimiento ocurre después de una etapa en la que la violencia llegó a poner en entredicho la capacidad del gobierno municipal para ejercer normalmente sus funciones.
La información disponible no permite vincular ambos fenómenos. Pero tampoco permite despejar las dudas.
Y ése es precisamente el problema de fondo: en un municipio que atravesó una severa crisis de violencia y gobernabilidad, más de 55 millones de pesos agrupados bajo una denominación tan amplia necesitan algo más que una cifra contable; necesitan una explicación pública sobre en qué y para qué se gastan.
