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Chilpancingo, Guerrero.- El Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), integrado por representantes de pueblos Mè’phàà y Na Savi de las regiones Montaña y Costa Chica de Guerrero, manifestó su rechazo a la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
En un posicionamiento dirigido al Gobierno de México y a la opinión pública, el organismo cuestionó el contenido de la iniciativa y sostuvo que no representa, desde su perspectiva, un cambio suficiente en la relación entre los pueblos originarios y el Estado mexicano.
CRAADET cuestiona libre determinación y protección del territorio
Uno de los principales reclamos del CRAADET es que la propuesta no reconoce plenamente la libre determinación y el territorio como derechos centrales de los pueblos indígenas. El organismo plantea que México debe avanzar hacia el reconocimiento de un Estado plurinacional y cuestiona que los derechos sean planteados de manera fragmentada.
También expresó críticas al mecanismo de consulta y consentimiento previo, libre e informado. El CRAADET sostiene que estos procesos pueden ser utilizados para legitimar proyectos que afecten territorios y bienes naturales, por lo que rechaza que una consulta pueda considerarse suficiente cuando existen posibles afectaciones a otros derechos.
La propuesta federal está en proceso de consulta
El posicionamiento se da mientras el Gobierno de México desarrolla la consulta previa, libre e informada sobre la iniciativa. El proceso fue convocado oficialmente el 29 de junio y contempla asambleas regionales del 1 de julio al 13 de septiembre de 2026. La propuesta deriva de la reforma constitucional de 2024 que reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público.
El CRAADET también cuestionó que la propuesta deje buena parte de la aplicación de los derechos en manos de autoridades federales, estatales y municipales, al considerar que esto puede mantener la fragmentación normativa y las diferencias en el acceso a derechos entre entidades.
Además, señaló como una preocupación la situación del territorio frente al avance de grupos del crimen organizado, a los que atribuye intentos de asumir control territorial y de estructuras comunitarias.
Finalmente, el organismo afirmó que no participará en la legitimación de la propuesta en sus términos actuales, al considerar que podría limitar procesos de libre determinación y autonomía de los pueblos.
