Tabla de contenido
Acapulco, Guerrero.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero actuó en contra de una suspensión judicial al iniciar un procedimiento administrativo contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, relacionado con la revisión del presupuesto público de 2023.
La decisión fue aprobada por unanimidad y ordena dejar sin efectos cualquier actuación realizada por la auditoría estatal después de que se otorgó la suspensión dentro de una controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Acapulco.
De acuerdo con el fallo, la Auditoría Superior del Estado notificó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa después de que la suspensión ya había sido concedida.
La resolución establece que la autoridad fiscalizadora tenía conocimiento de la medida cautelar desde que el Ayuntamiento le notificó directamente la existencia de la suspensión, incluso antes de recibir la notificación formal de la Corte.
Por esa razón, el máximo tribunal determinó que las actuaciones posteriores carecen de validez jurídica y deben quedar sin efecto.
El proceso se originó cuando la Auditoría estatal solicitó información al Ayuntamiento de Acapulco para revisar la cuenta pública de 2023, particularmente el uso de recursos del fondo de aportaciones federales.
La alcaldesa respondió que no podía entregar la documentación porque se encontraba con licencia del cargo en ese momento, al participar en el proceso electoral para su reelección.
Tras la falta de respuesta, la auditoría dio vista al Congreso de Guerrero e inició un procedimiento administrativo en su contra.
En mayo de 2025, el Ayuntamiento presentó controversias constitucionales ante la Suprema Corte para frenar tanto el procedimiento administrativo como un proceso de revocación de mandato impulsado en el Congreso local.
El entonces ministro Javier Laynez Potisek admitió las controversias y otorgó una suspensión provisional para detener los procedimientos.
Un día después de concedida la suspensión, la auditoría estatal notificó el inicio del proceso administrativo, el cual ahora queda sin efectos tras la resolución de la Suprema Corte.
Con este fallo, el procedimiento de responsabilidad administrativa contra la alcaldesa queda suspendido mientras se resuelve el fondo de la controversia constitucional.
