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El Congreso del Estado de Guerrero aprobó por unanimidad el exhorto presentado por la diputada Érika Lührs Cortés, dirigido a los 84 ayuntamientos y al Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres, para que, en coordinación con las secretarías estatales del Trabajo y Previsión Social y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, verifiquen a las empresas que reclutan jornaleros guerrerenses para trabajar fuera de la entidad. La medida también contempla la integración de un padrón de compañías y la obligación de informar los avances sobre su conformación.
Durante la sesión, Lührs Cortés expuso que miles de jóvenes guerrerenses, entre 15 y 24 años, migran cada año hacia campos agrícolas en otros estados sin contratos formales, con salarios por debajo de lo establecido en programas públicos y sin acceso a seguridad social. Señaló que en algunos casos reciben apenas 170 pesos por jornadas completas, lo que genera condiciones laborales que calificó como injustas.
La diputada también recordó los hechos registrados el 6 de noviembre, cuando 900 jornaleros provenientes de la Montaña fueron asaltados y extorsionados durante su traslado hacia otras entidades. Indicó que estos episodios revelan la vulnerabilidad en la que viajan y la necesidad de que las autoridades garanticen rutas seguras, procesos regulados y mecanismos de protección.
El exhorto aprobado establece que los ayuntamientos y las dependencias estatales deberán supervisar a las empresas que ofrecen empleo fuera del estado para asegurar que cumplan con estándares laborales mínimos y proporcionar información transparente sobre sus operaciones. La legisladora sostuvo que esta medida busca frenar abusos, prevenir contrataciones irregulares y garantizar que las y los jornaleros trabajen en condiciones dignas.
Lührs Cortés afirmó que el objetivo central es reconocer la importancia económica y social del trabajo jornalero y atender los vacíos de regulación que han permitido la precarización laboral. Subrayó que el padrón de empresas permitirá al Congreso y al Ejecutivo estatal dar seguimiento a las contrataciones y generar políticas públicas orientadas a la protección de este sector.
