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Chilpancingo, Guerrero.- La Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Guerrero analiza una propuesta para que el Instituto Federal de Defensoría Pública gestione libertades anticipadas, fianzas y amnistías para personas indígenas y afromexicanas que están presas sin una defensa legal adecuada. La iniciativa fue presentada por el diputado Edgar Ventura de la Cruz.
El argumento central es que más del 40% de las personas privadas de su libertad en el país no cuenta con un abogado que las defienda bien, lo que prolonga sus procesos y les impide acceder a beneficios para salir de la cárcel antes de cumplir toda su condena. En Guerrero, ese problema afecta de manera especial a comunidades nahuas, mixtecas, tlapanecas, amuzgas y afromexicanas, concentradas principalmente en La Montaña y la Costa Chica, zonas con altos índices de marginación.
Según datos del INEGI citados por el legislador, el 13.5% de la población de Guerrero pertenece a un pueblo originario y el 9.5% se reconoce como afromexicana. Muchas de estas personas enfrentan procesos penales sin dinero para pagar un abogado privado, por lo que dependen completamente de la defensoría pública.
Ventura también señaló que Guerrero ya tiene una Ley de Amnistía vigente, pero que hace falta revisar si la población indígena y afromexicana está siendo considerada dentro de sus beneficios, ya que en la práctica muchos de estos casos no avanzan.
La propuesta también busca reducir la sobrepoblación en las cárceles del estado, al permitir que quienes ya cumplieron los requisitos legales para salir puedan hacerlo sin más demoras. El punto de acuerdo sigue en análisis por parte de la comisión legislativa.
